Con motivo del bicentenario de la Independencia (1821-2021), se hace un recorrido de lo que hicieron los presidentes o jefes de Estado en  la hacienda pública y los tributos en Guatemala en el período  de 1994 a 2016.

El 30 de enero de 1994 se llevó a cabo la consulta popular en la que se aprobaron modificaciones a la Constitución Política y que están en vigor, siendo presidente Ramiro de León Carpio (1993-1996). Hubo modificaciones en temas de finanzas públicas. Se aprobó que el Banco de Guatemala no podrá dar financiamiento directo o indirecto, ni garantía ni avales al Estado, a sus entidades descentralizadas o autónomas. Se aumentó del 8% al 10% el aporte del gobierno central sobre los ingresos ordinarios del Estado a favor de las Municipalidades, que fue establecido en la Constitución Política con vigencia el 14 de enero de 1986.

Alvaro Arzú (1996-2000) firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera el 29 de diciembre de 1996. Este acuerdo estableció metas tributarias. A finales de 1997 se propuso una nueva reforma tributaria y entró en vigencia el impuesto único sobre inmuebles, que fue objetado y derogado. Ante las quejas sobre este impuesto, se emitió un nuevo decreto en marzo de 1998, que es el que está en vigor. En febrero de 1998 se emitió la Ley de Creación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y se propuso un pacto fiscal.

Alfonso Portillo (2000-2004) llevó a cabo una nueva reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, aumentando la tasa del 10% al 12%. Se intentó continuar con el pacto fiscal y finalmente se hundió el mismo por no haber acuerdo entre los miembros de la Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal y el Gobierno, quien presentó su propio paquete de reforma tributaria.

Óscar Berger Perdomo (2004-2008) activó el pacto fiscal. Se estableció el impuesto extraordinario y temporal (IETAP), en apoyo a los acuerdos de paz, el cual, al igual que el impuesto conocido como IEMA en gobiernos anteriores, afectó en forma de tributo las ventas netas a la tasa del 2.5%. Teóricamente establecido de nuevo en forma provisional, que se ha vuelto permanente. Se emitió en 2006 la Ley Antievasión I.

Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) aprobó reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta. La aprobación de los presupuestos del Estado fue tortuosa y el correspondiente al 2010 no fue aprobado, sino que entró en vigor el del año 2009. El Gobierno continuó endeudándose. Hubo propuestas de reformas tributarias que no fueron aprobadas.

Otto Pérez Molina (14 de enero 2012-2 de septiembre 2015) logró la aprobación de un nuevo paquete fiscal contenido tanto en la Ley Antievasión II como en la más temible aún, la Ley de Actualización Tributaria. Se logró la aprobación de dichas leyes en 32 días por parte del Congreso de la República. Un récord Guiness mundial de aprobación de impuestos en forma democrática.

Las leyes Antievasión I y II son hermanas y pretenden que más personas se conviertan en contribuyentes, y que los contribuyentes reduzcan las deducciones y exenciones. Estas dos leyes tributarias tienen tanta trascendencia como la que tuvieron la Ley del Impuesto sobre la Renta (1963) y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (1983).

Alejandro Maldonado Aguirre (3 de septiembre de 2015-14 de enero de 2016) hizo un gobierno de transición para completar el período anterior de Otto Pérez Molina. No hubo decisiones tributarias de importancia.

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