Cuando un embajador extranjero incurre en actos impropios u ofensivos, o de otra naturaleza, contra el Gobierno ante el cual está acreditado, surge un conflicto cuya solución debe ser buscada únicamente a la luz de pactos y convenciones internacionales vigentes o bien del Derecho internacional consuetudinario, según fuere el caso.

Algunas declaraciones públicas recientes, relacionadas con un contrato firmado entre cuatro diputados guatemaltecos y una empresa estadounidense dedicada a cabildear con diputados y senadores de los Estados Unidos, tienen el propósito de lograr que el embajador estadounidense, Todd Robinson, sea sancionado por haber tomado partido en favor de la vigencia de los derechos humanos en Guatemala, contra la corrupción administrativa, que ha sido horrenda y descarada, y contra la impunidad de los grandes criminales nacionales que constituyen un cuarto poder en la sombra y es el más feroz.

Lo que parece ser olvidado por algunos políticos, aquí, es que los embajadores de los Estados Unidos hacen en Guatemala, lo que su Gobierno les ordena que hagan. Robinson ha sido calificado por uno de sus enemigos guatemaltecos como “golpista”, lo cual sugiere que el Gobierno de los Estados Unidos promueve el derrocamiento del actual presidente de la República de Guatemala. Acusación que, hoy por hoy, luce totalmente absurda.

Los ataques contra Robinson forman parte de una conspiración contra él, la fiscal general Thelma Aldana y el abogado colombiano Iván Velásquez, nervio y motor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por ponerse los tres, como es su obligación, del lado de la justicia jurisdiccional y del ininterrumpido reclamo social; lo cual resulta natural y obligado, después de leer los informes del Departamento de Estado sobre la deteriorada situación de los derechos humanos en Guatemala.

Uno de los fines de esa campaña es torpedear los procesos penales que se tramitan contra acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad, y otros gravísimos delitos. Y para anular el discurso de Robinson se ha escogido un camino torcido. Si el Gobierno de Guatemala quisiera librarse de ese diplomático, tiene una vía expedita, consistente en declararlo non grato, sin necesidad de expresar los motivos de su decisión. Pero, el Gobierno, el Congreso, el Cacif y todos los que tienen voz y voto en el caso, han hecho saber públicamente y sin reservas que no son autores ni avalan las acciones de los cuatro diputados. Así que si Robinson se va de Guatemala, será por la política de los Estados Unidos de trasladar periódicamente de un país a otro a sus diplomáticos, particularmente después de los cambios presidenciales en los Estados Unidos. Los últimos diez embajadores estadounidenses duraron aquí un año, dos años, y tres años los que más. Robinson cumplirá tres años de estar en esta capital en septiembre próximo y seguramente será trasladado. Así que el contrato de cabildeo ha resultado un malísimo negocio político.

Y ahora que nadie los apoya, los cuatro diputados se han quedado solos, bajo la lluvia y sin paraguas. La Cancillería, por su parte, está promoviendo una demanda penal contra un exembajador guatemalteco que cabalga en la misma onda de los diputados.

Por otra parte se ha puesto de manifiesto nuevamente el activismo de personas que pueden manejar tras bambalinas los hilos de la función pública en los organismos del Estado guatemalteco y sin necesidad de elecciones. Basta con el poder del dinero.