Un joven me preguntó “cuándo se había empezado a joder Guatemala”. Tiene veinte años, y dijo: “No me acuerdo de un gobierno sin corrupción”. El tema de este artículo es entonces explicar a los guatemaltecos menores de 40 años, y por tanto ciudadanos impedidos de ejercer la presidencia, algo de la corrupción. Esta lacra tiene, históricamente, miles de años, pero lo importante es saber algo de Guatemala, con nombres, apellidos, fechas, aunque sea en un breve resumen, por lo cual algunas verdades son difíciles de aceptar y de creer. Ha habido casos causantes de sonrisa: el doctor Juan José Arévalo (1945-51) fue acusado de haberse apropiado de bolsas de cemento para una casa. Un reportaje periodístico ayudó a destapar esa burda y malintencionada mentira.

Hablando de la corrupción presidencial, Carlos Castillo Armas, coronel, (1954-57), no la practicó. Miguel Ydígoras Fuentes, general, (1958-63) permitió a su yerno hacerlo; Enrique Peralta Azurdia, coronel, (1963-66) y Julio César Méndez Montenegro, abogado, (1966-70) tampoco lo hicieron. Existió, pero es mínima al comparar los niveles actuales. Comenzó a crecer con los generales Carlos Arana, (1970-74) Kjell Lugerud, (1974-78); y Romeo Lucas, quienes también la permitieron a sus colaboradores. Ríos Montt, (1982-83) y Óscar Mejía Víctores, (1983-1986) tampoco fueron mencionados como rapiña del dinero público. Juzgo a estos mandatarios sólo en el tema de la corrupción, no de otros, como los derechos humanos, durante el conflicto interno (1960-1996).

La etapa de gobiernos civiles (1986-2016) presenta una corrupción ascendente. En el régimen de Vinicio Cerezo, 1986-1991), hubo justificadas críticas, pero pronto, con el gobierno de Jorge Serrano, (1991-1993) disminuyeron al ver el enorme crecimiento y la participación personal casi monstruosa. Ramiro de León Carpio, 1993-1996, no tuvo problemas por esa lacra, pero ésta explotó con el resto:

Arzú, sobre todo, (1996-2000); Portillo, (2000-2004); Berger, (2004-2008). Con Colom, (2008-2012) y Pérez (2012-2015) llegó a extremos increíbles. El actual mandatario no escapa. El ejercicio de la política se convirtió en sinónimo de pillaje, pero en los casos de Berger y Morales, la comidilla popular los señala como incapaces de hacerlo sin dejar huellas.

Esta corruptela tuvo dos graves: la salida forzada de funcionarios profesionales y técnicos en la administración pública, y también la negativa de personas honestas para trabajar al lado de corruptos. De ahí proviene la disminución en la calidad de vida: malos maestros, por ejemplo. Y las alianzas con representantes de sectores sociales, económicos, indígenas, académicos, religiosos, etc., se hicieron con personas igualmente deseosas de participar en la piñata, sin pensar siquiera en las consecuencias a corto, mediano y a largo plazo de esa falta de instrucción o nutrición, por decir sólo dos ejemplos. El problema no es sólo la corrupción, sino las enormes proporciones y su generalizada práctica, causante de ser considerado estúpido quien actúa limpiamente.

Por todas esas causas, los llamados al diálogo son necesarios, siempre y cuando sea entre representantes reales, no autonombrados. La principal base para lograr acuerdos mínimos se debe centrar en el señalamiento de cuáles situaciones o privilegios se está dispuesto a ceder, pero además el acuerdo de llegar a acuerdos. Hasta ahora, se piensa en esta palabra como sinónimo de simple conversación y diálogo de sordos o imposición de los criterios de uno sobre los del otro, en cien por ciento. Y, obviamente, pensar en la parte ética: buscar lo correcto. Nunca se ha intentado algo así, pero la evidente crisis nacional, de consecuencias impredecibles, debe ser la causa de este esfuerzo serio en el cual se debe tomar el pensamiento de la mayoría, es decir de los menores de 40 años.