A NADIE DEBE SORPRENDER la decisión tomada ayer en el seno del Congreso de la República al respecto de las reformas a la Constitución, suspendidas para reiniciarlas cuando en enero próximo se inicien las sesiones ordinarias de ese organismo del Estado. Esta falta de sorpresa obedece a la larga serie de acciones equivocadas y a no tomar en cuenta la imposibilidad de lograrlas si el paso por el parlamento no se convertía en un simple requisito luego de un acuerdo político multisocial. Nunca como ahora había quedado clara la urgencia de negociar fuera del hemiciclo —también sin apresuramientos— como obvia consecuencia de la mala calidad política profesional de quienes no llenan los requisitos para una asamblea nacional constituyente.

PARA LOS GUATEMALTECOS interesados en la vida política del país y por ello hastiados de tantos años de desvergüenza dentro del Congreso, era casi incalificable la posibilidad de una aprobación de reformas constitucionales hechas a la carrera. La Carta Magna actual fue el resultado de casi dos años de discusiones entre diputados constituyentes no solo escogidos entre las filas de partidos políticos serios —por cierto los últimos con tales categorías en la política guatemalteca— sino dispuestos a discutir por largo tiempo el texto de la Constitución, básico para el sistema democrático nacional. Ahora está necesitado de cambios, luego de la primera reforma, y ello debe ir en tiempo adecuado, pero sobre todo de acuerdos previos, consensuados.

EL APRESURAMIENTO ES la causa básica de haber rechazado el tema del antejuicio, pues este, aunque en teoría tiene bases, en la práctica se ha vuelto una licencia para delinquir, abuso comenzado dos o tres años antes de la vigencia constitucional. Es ejemplo claro de por qué se necesita un acuerdo previo, en realidad derivado de presiones de la sociedad civil para evitar lo ocurrido: la eliminación de libertad para toda clase de negocios turbios directos o indirectos de los diputados, porque, aunque no todos lo hacen, quienes así actúan saben de estar fuera del alcance de la ley. Actúan de esa manera a pesar del efecto devastador en el prestigio de un organismo estatal integrado por motivaciones y aprovechamiento de procedimientos oscuros.

EL PLURALISMO EN EL sistema jurídico es otra fuente de dudas. Si bien ha existido, se ha circunscrito a determinadas áreas geográficas y temáticas. En este caso, lo necesario es una explicación pormenorizada de cómo funcionaría en determinados casos, cuando se mezclen personas de diferente etnia entre sí y con relación al grupo socio-económico-lingüístico llamado “ladino”, así como los extranjeros. Al no saberse en qué consisten los cambios, quienes los exigen y sus adversarios actúan con vendas en los ojos. Lo mismo puede decirse del Consejo Nacional de Justicia, un ente también imposible de atacar o defender, por no saberse su integración verdadera, ni por qué no será el ente superior al sistema de justicia.

A CAUSA DE TODO ESTE caleidoscopio negativo, en realidad no es válido hacer cualquier acusación contra quienes no apoyan los cambios, o de alabanza para sus defensores. Algo más: si no se logra eliminar al beneficio personal como el centro motivador de la participación en los entes sociales, de nada sirven los cambios, todos basados en la teoría del beneficio a la sociedad como consecuencia del servicio público. Con la misma gente, o con gente distinta pero igualmente amoral y sin ética, los cambios son anecdóticos. Triste, pero cierto. El atraso para las reuniones iniciadas el primer mes del año entrante en el Congreso constituye una verdadera muestra del fracaso provocado por incontables reuniones con el fin de hacerlas inútiles.