El lunes, en la Granja de Rehabilitación Pavón, se produjo un ataque directo contra uno de los privados de libertad: Byron Lima Oliva, condenado por complicidad en el asesinato de monseñor Gerardi. Primero se atacó a su “personal de seguridad” con una granada y luego por lo menos dos disparos en la cabeza terminaron con su vida. Byron Lima. de acuerdo con lo que denunció su hermano, tenía puesto un chaleco blindado y existían sospechas de un ataque.

La Granja quedó en zozobra por buena parte del día. Se habló de más de cien rehenes, que eran las visitas que estaban en ese lugar. Se señaló a una de las personas más peligrosas del país, condenado por haber quemado un bus lleno de gente y además con vínculos directos con el narcotráfico, Marvin Montiel Marín, como responsable. A la fecha, la cifra es de 13 personas asesinadas, incluyendo una mujer extranjera, varios heridos y daños cuantiosos. Al escribir estas letras no se tiene versión clara de cómo las autoridades recobraron el control del penal, cuántas armas fueron halladas y a quiénes el Ministerio Público imputará los delitos.

El hermano de Byron Lima, en declaraciones rendidas a distintos medios y disponibles en varias redes, hace acusaciones muy serias y señala la acción como un “crimen de Estado”. La vida es paradójica porque si alguien fue contrario a la Cicig fue Byron Lima, pero hoy la Cicig es la mejor garantía de todas las líneas de investigación que deban llevarse a cabo. La situación es crítica y es claro que el Sistema Penitenciario es un rotundo fracaso.

En conferencia de prensa, el ministro del Interior señaló un dato que nos debe dar vuelta: en el país existe infraestructura para 6,500 reclusos y a la fecha hay más de 20,500 bajo custodia. Solo con ese dato podemos comprender la dimensión de la carga estatal y la irresponsabilidad de todos los gobiernos de la era democrática para tratar un asunto fundamental.

Dejamos que el Sistema Penitenciario tuviera un olvido de décadas y ahora parece que empezar a enderezar la nave es misión imposible porque la crisis es estructural hasta la médula. Es inútil hablar de un sistema de justicia si no se cambia de tajo el Sistema Penitenciario. Estimar que una Dirección General del Ministerio de Gobernación, como es a la fecha, cuenta con suficiente músculo para llevar a cabo una de las tareas estatales más complejas es absurdo e inútil. El esfuerzo es de toda la institucionalidad para encontrar, en el menor tiempo posible, metas a corto, mediano y largo plazos. Nuestras prisiones son centros de peligro y los hechos hablan solos.

Cualquier recluido cuenta historias de horror, mientras tanto el tortuguismo judicial es la constante, la prisión provisional es la preferida, el proceso penal es cada vez más discrecional, el discurso de confrontación de sectores ligados a la represión sube de tono y el Estado no puede garantizar el orden ni en lugares cerrados que deberían estar bajo su resguardo.

El deporte favorito de muchos es justificar los crímenes, lo cual es una canallada. Acá hubo 13 asesinatos y debe llegarse hasta las últimas consecuencias de lo sucedido. En un lugar bajo vigilancia gubernamental, un prisionero tenía guardaespaldas, las armas entran, se vende droga, los privilegios son fundamentales para la subsistencia y supervivencia, la corrupción campea, la atención médica y odontológica es un lujo, no hay programas de rehabilitación o reinserción, entre tantas otras situaciones. Si así seguimos estaremos muy pero muy lejos de hablar de una justicia para la paz. ¿Eso queremos?

@Alex_balsells