Llevar a la edificación de un sistema jurídico sólido no es una tarea fácil ni exenta de tropiezos, porque tal posibilidad está sometida a procesos que deben ser incuestionables, cuyos impulsores también deberán ser éticamente intachables. En sus manos está la impartición de justicia y la persecución penal, que deben ser totalmente independientes.

Hay, dentro de ese enmarañado sistema otras vertientes mucho más complejas: la investigación y la acusación, cuyo avance ha sido arduo, porque también han sido colosales los obstáculos por vencer, pues siendo la impunidad una de las mayores debilidades nacionales, la tarea puede también volverse arriesgada.

Este es el caso del proceso que se sigue contra el exministro de Gobernación Carlos Vielmann y varios de sus subalternos, entre ellos quien hasta hace poco era el viceministro de Gobernación, Kamilo Rivera, prófugo, acusados de la ejecución extrajudicial de siete de 19 reos fugados en el 2005 de la cárcel El Infiernito. Los detalles de las investigaciones han despertado preocupación e indignación en varios sectores del país.

Uno de estos es que supuestamente dentro de las investigaciones se contaría con el testimonio de un reo juzgado y condenado por el secuestro y asesinato de una dama de 71 años, pero también de acuerdo con un audio filtrado a los medios de comunicación podría recibir determinados beneficios si su testimonio refuerza las investigaciones.

El titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, reconoció que en dicho audio se escucha la voz de los fiscales Norman Humberto Sagastume Gutiérrez y Marlon Roberto Vásquez Sánchez, quienes hicieron esa grabación en el 2013 para reforzar investigaciones contra Erwin Sperisen, entonces procesado en Suiza. Sin embargo, la Cicig aclaró ayer que dichos audios no constituyen prueba en el proceso Ejecuciones Extrajudiciales.

Lo primero que debe decirse es que ninguna ilegalidad o actitud repudiable puede ser tolerada cuando está a prueba el sistema de justicia. Las acusaciones contra los exfuncionarios son muy serias y el fortalecimiento del sistema fracasará en su objetivo si para ello se incurre en repudiables transacciones con peligrosos convictos.

El reo que podría ser sujeto de algún beneficio en su purga carcelaria es Marco Tulio López López, integrante de la despiadada banda los Pasaco, quien participó en el repudiable secuestro de la señora Isabel Bonifasi de Botrán, de 71 años, salvajemente torturada y asesinada por los secuestradores cuando la familia ya había cumplido con las inhumanas exigencias de los extorsionadores.

Este hecho abre una profunda grieta en la credibilidad de una entidad llamada a dar muestras de un impoluto proceder. Difícilmente se podrá fortalecer el sistema de justicia si en los esfuerzos por combatir la impunidad se incurre en procedimientos ilegales e inmorales, porque siembran la duda sobre el proceder de los investigadores, y eso es lo que menos necesita el país en las actuales circunstancias, pues también se puede causar daño irreparable a quienes puedan ser víctimas de un testimonio amañado o la vulnerabilidad de quienes han denunciado a estas bandas.