No deben tener ningún derecho los políticos a jugar con la estabilidad del país, ni mucho menos a poner en riesgo indicadores económicos o generar incertidumbre a los inversionistas, que ante un panorama como el actual optan por la prudencia y por la seguridad de sus recursos, lo cual se traduce en un enorme daño para el crecimiento económico nacional.

Gracias a los informes de entidades independientes como el Banco de Guatemala (Banguat) se conocen datos de cómo los empresarios evalúan sus posibilidades de inversión y de acuerdo a la última medición la percepción que reflejan en sus opiniones muestra un preocupante deterioro en la confianza de la economía.

La última medición del Banguat sobre el índice de confianza en la actividad económica tocó su punto más bajo el pasado mes de octubre, al caer a un porcentaje incluso inferior a la incertidumbre generada por los embates contra la corrupción en 2015, que terminaron con las renuncias de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina.

En esa ocasión los indicadores de confianza habían llegado también a su punto más bajo, colocándose en 21 puntos, mientras que ahora la percepción de los empresarios se ubica en un nivel de incertidumbre en 20.84 puntos.

Aunque esa diferencia pueda parecer inocua, existen otros datos que alertan sobre el futuro inmediato para la economía nacional. Cuando se le pregunta a pequeños, medianos y grandes empresarios si creen que la situación económica mejorará en los próximos seis meses, un 86 por ciento responde que no. Un 40 por ciento afirmó que es mal momento para hacer negocios y el 60 por ciento dijo no estar seguro.

Además, el 93 por ciento de los encuestados considera que la situación económica no pasa por un buen momento, con lo que se complementa un cuadro que debería ser de máxima preocupación, principalmente para las más altas autoridades gubernamentales, porque desde allí se originan precisamente las olas que han convulsionado el panorama nacional y cuyos efectos pueden ser catastróficos.

Se considera que los últimos eventos relacionados con la lucha contra la corrupción podrían incidir en esa percepción, justamente porque en octubre se dio uno de los casos más inusitados de los últimos meses, la Caja de Pandora, con la solicitud de retirarle el antejuicio al alcalde Álvaro Arzú, quien junto a empleados municipales y abogados vinculados con Byron Lima habrían incurrido en ilícitos, y luego vino la degradación de la calificación de Guatemala por Standard and Poor´s.

Aunque algunos han querido ver esos esfuerzos anticorrupción como causantes de esa inestabilidad, lo cierto es que la responsabilidad recae sobre quienes conducen los organismos del Estado, porque es de donde más se percibe el entorpecimiento a esos esfuerzos y lo que al final repercute en una confrontación innecesaria.

Mientras no exista un claro compromiso por respaldar la lucha contra la corrupción y la impunidad se corre el riesgo de un mayor deterioro, y eso solo acrecentará el descontento, la incertidumbre y las presiones internas y externas.