El Ministerio de Relaciones Exteriores dio una muestra más de incapacidad al pretender atribuir a los medios de comunicación independientes una errónea interpretación de lo que se quiso decir en una carta dirigida al comisionado Iván Velásquez, y por si existía alguna duda, la Corte de Constitucionalidad les enmendó esa imprudencia y los obliga a retractarse.

La resolución de la CC, dada a conocer ayer, es contundente al exigir a las funcionarias de la Cancillería retractarse del apartado de dicha misiva en el cual se le pide al jefe de la Cicig no inmiscuirse en asuntos internos, pero además advierte de que, si no lo hacen, ordenará al presidente destituir a la canciller Sandra Jovel y a la firmante de la carta, Alicia Castillo, quien una vez más le ha creado un innecesario problema al gobierno de Jimmy Morales.

Aunque es polémica, la resolución de la CC se justifica porque la acción de las funcionarias riñe con otra previa en la que se dejó sin efecto la declaratoria de persona non grata a Iván Velásquez, por lo que no es más que un correctivo oportuno antes de que se incurra en mayores imprudencias, pues ya antes, con los pretextos de corregir procedimientos, se había cancelado la renovación de la visa del diplomático, en una muestra de hostigamiento.

Es obvio que quienes toman esas decisiones en la Cancillería carecen de la suficiente preparación para semejante cargo y tampoco cuentan con la madurez para separar sus convicciones ideológicas de decisiones que no solo denotan hostilidad, sino que se alejan de los más elevados principios de las relaciones diplomáticas.

La decisión de la CC es, además, oportuna en atajar esas muestras de abuso e incapacidad, porque tras la imprudente carta de la vicecanciller Alicia Castillo se produjo un nuevo comunicado mediante el cual se pretende justificar la decisión de amedrentar al jefe de la Cicig, pero incurre en otro hecho repudiable, al afirmar que la interpretación que le dieron los medios de comunicación es una “mediatización” de un mensaje de intolerancia.

Esas apreciaciones implican mayores riesgos para la libre emisión de pensamiento, pues se intenta amedrentar a los medios informativos al descalificarlos y conminarlos a ser partícipes de las poco meditadas posturas oficialistas, imposibles de ser aceptadas porque destilan intolerancia y abuso.

La precariedad en las más altas esferas gubernamentales es cada vez más evidente y no parece existir el más mínimo asomo de razonamiento para valorar los alcances de nuestra actual crisis y las amenazas que se ciernen sobre la institucionalidad.

Es obvio que diplomacia y criterio es lo que menos predomina en la actual Cancillería, y cuando a causa de la incapacidad se suscribe una correspondencia hostigante y luego se arremete contra la Prensa independiente, es porque ha llegado el momento de exigir un mínimo de cordura, responsabilidad, profesionalismo y respeto de las más altas autoridades antes de que ocurran agravios irreparables.

Difícil ignorar la suma de los desatinos cometidos en tan poco tiempo por quienes deben conducir las relaciones diplomáticas de Guatemala, porque degradan su propia imagen y socavan cualquier posibilidad de credibilidad en el Gobierno.