Las declaraciones de José Andrés Botrán y Rodrigo Arenas configuran la forma en que el sector empresarial ha cooptado el Estado, a partir de estructuras partidarias que han permitido el uso de fondos ilícitos para su financiamiento. La intromisión del capital privado en la política se ha debido a la existencia de agrupaciones vacías de contenido político-ideológico, cuyo único objetivo ha sido alcanzar la Presidencia del país para medrar con los fondos públicos. Se trata de cascarones creados a la medida de liderazgos efímeros, cuyo objetivo es rentabilizar su participación política. El FCN-Nación surge bajo ese signo de la mano de un comediante que sabía tanto de política como de mecánica cuántica. El resultado es esa mezcla de neomesianismo con resabios anticomunistas y la incapacidad de responder en forma coherente a coyunturas de extrema gravedad, como la actual.

Ese oportunismo político ha sido el caldo de cultivo ideal para que los intereses empresariales se incrusten en el Estado. Con la UNE y el Partido Patriota, el gran capital metió las manos hasta el fondo. La debacle de los gobiernos de ambos partidos también tiene como corresponsables a la cúpula empresarial que los financió y que sacó réditos de su coparticipación en esos gobiernos, así como en los que los antecedieron. En todos ellos hubo financiamiento ilícito, era la forma de operar porque no había ningún mecanismo de control para evitarlo. Cuando el FCN-Nación se perfiló como la alternativa para suceder al PP en la Presidencia, ese mismo sector empresarial lo engulló, sin importar sus raíces militaristas.

La débil estructura y sin mayor base social del grupo que postulaba a Jimmy Morales facilitaba las cosas para el sector privado. Fue así como Rodrigo Arenas, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), se convirtió en el recaudador de fondos para el minúsculo partido. No es la primera vez que Arenas aparece manchado por la corrupción, ya que en agosto del 2017 fue señalado de haber recibido dinero de las extorsiones que Alejandro Sinibaldi hacía a constructores. El empresario José Luis Agüero informó ante la jueza que llevaba el caso Construcción y Corrupción que le dio Q500 mil a Arenas por instrucciones de Sinibaldi, en ese entonces ministro de Comunicaciones. Otro empresario, Álvaro Mayorga, también dijo que le dio Q250 mil. En el caso del FCN, Arenas articuló una estructura, junto con el coronel Justino Ovalle, ahora prófugo de la justicia, supuestamente para “defender el voto” con fiscales de mesa.

Esa defensa del voto movilizó fondos provenientes del G-8, el grupo que representa a las familias más adineradas del país. Los fondos provenían de empresarios como Julio Ramiro Castillo, del Banco Industrial; Felipe Bosch Gutiérrez, de Inversiones Nuevas; Julio Castillo, de Cervecería Centroamericana; José Torrebiarte, de Cementos Progreso, y de los azucareros Fraterno Vila, Ramiro Alfaro y Herbert González, entre otros. Arenas jugó el papel que le corresponde como un dirigente orgánico del proyecto oligárquico para la cooptación del Estado. De esa manera, el empresariado no solo tuvo el “agradecimiento” de Jimmy Morales por su “apoyo desinteresado”, sino que a partir de ahí pudo influir en forma decisiva en el nombramiento de ministros y definición de políticas, principalmente en el área económica, como siempre lo ha hecho. La diferencia es que ahora existe la Cicig y el MP para contrarrestar esas acciones perversas de captura del Estado. Por eso es fundamental que se ligue a proceso a Arenas y Botrán, entre otros involucrados en el financiamiento electoral ilícito, para sentar un precedente. No basta decir que fue un error, cuando a todas luces estamos frente a un delito.

@hshetemul