El muelle de Puerto Barrios sigue siendo foco de controversia. Antes de dimitir del cargo de procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán reveló a la prensa toda una serie de irregularidades en la forma como Ferrovías extendió en el 2000 un arrendamiento a favor de Cobigua para administrar esa instalación del Estado hasta el año 2048.

Según la entonces jefa de la PGN, por su naturaleza de empresa privada Ferrovías no podía disponer de un bien del Estado y, además, la figura válida para ceder la administración de un bien público es por medio de una concesión validada por el Congreso.

El contrato suscrito con esas irregularidades por Ferrovías debe ser anulado; en eso no parece caber duda alguna. La actual procuradora general, Anabella Morfín, anunció desde el inicio de su gestión que investigaría al respecto, dadas las evidentes irregularidades. Ese contrato y los que dieron vida al usufructo en Puerto Quetzal deben ser analizados a profundidad por los abogados del Estado y también escuchar el pedido que ha hecho la Contraloría General de Cuentas para que se busque la nulidad de este y otros contratos que presentan serias anomalías.

La polémica por el muelle de Puerto Barrios se alimenta ahora sobre las anunciadas intenciones de un grupo de políticos encabezados por la diputada uneísta de Izabal, Thelma Ramírez, que pretenden recuperar el muelle y regresar su manejo y operaciones al Estado.

La experiencia señala que en todo ámbito donde el Gobierno asume la administración se genera una serie de vicios vinculados con lo político. Se incrementa innecesariamente la burocracia, se distribuyen los cargos directivos de acuerdo a criterios políticos y la operación se convierte en una carga presupuestaria que pocas veces logra generar ingresos al presupuesto de la Nación.

Una operación como la del muelle de Puerto Barrios podría, en las actuales circunstancias, emular la del vecino Santo Tomás de Castilla, también en Izabal, o la de Puerto Quetzal, donde ya a nadie le puede quedar duda de que el clientelismo político, las mafias y el encarecimiento de los servicios en manos de amigos de los gobernantes de turno convierten en poco competitivas y poco eficientes las operaciones de ambos puertos, lo que daña al país.

Es evidente la necesidad de rescatar el muelle de Puerto Barrios. Eso implica hacerlo competitivo, capaz de cumplir eficientemente con el manejo de carga de productos perecederos de la región, abierto a atender a tantos clientes como sea posible y alejarse del uso casi exclusivo en beneficio de un solo usuario, como ocurre hasta ahora. Debería ese rescate contemplar una operación que genere beneficios para el Gobierno, con una inversión modesta.

Todo esto es posible si los políticos no ven a Puerto Barrios como un botín. Se impone llamar a un concurso internacional y buscar quién puede operar ese puerto, hacerlo competitivo sin que implique más corrupción ni más grupos ilegales aprovechando las ventajas. Solo hay que tener claros los objetivos y enmarcar el proceso en la Ley. Guatemala merece esa oportunidad.