Nuestro patrimonio cultural inmueble está constituido por centros ceremoniales, rutas comerciales y otras expresiones de pueblos prehispánicos que van del 1000 AC al 1500 DC, así como por pueblos, ciudades y otras manifestaciones coloniales que tuvieron seguimiento y crecimiento durante el período republicano hasta nuestros días.

La denominación de patrimonio cultural es un concepto reciente, de mediados del siglo XX, cuando fueron emitidos los primeros decretos declarando monumento nacional algunos de ellos, propuestos por profesionales, académicos y gente culta que se preocupó y ocupó de salvaguardar aquellos elementos para la posteridad, como símbolo de identidad.

Hoy día su conservación está plenamente legislada, lo que no implica que esté garantizada. La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación reconoce la obligación de los alcaldes de velar por la aplicación de la ley en resguardo de los bienes culturales dentro de su jurisdicción; también reconoce a las asociaciones de vecinos como vigilantes de su conservación. Los templos, palacios y juegos de pelota; iglesias y conventos, plazas, fuentes y demás elementos agrupados o aislados, son vistos con relativo respeto en tanto sean bienes públicos. Si son bienes particulares, nuestra poca educación rechaza la aplicación de la ley, so pretexto de la sacrosanta propiedad privada. Ante eso, la legislación creó la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, dentro del Ministerio Público, a fin de garantizar su correcta aplicación.

Pese a la existencia de la ley y de las instituciones a cargo de su aplicación, está claro que la conservación no forma parte del interés de ciudadanos ni autoridades, sino de un restringido sector profesional, académico y administrativo de la población.

En la vida diaria de los pueblos predomina el interés individual, lo que por sí mismo no es errado, pues de su ejercicio deviene la riqueza, acceso a la educación, el ocio y el bienestar. El comercio es la fuerza motor de ese crecimiento, fuerza que para los fines de este artículo veo opuesta a la conservación de los bienes culturales, identificados como fuente de identidad nacional. Basta recorrer el país para notar cómo la imagen de los pueblos, que una vez tuvieron la belleza de la traza urbana y arquitectura acorde a su clima y topografía, se ha deteriorado. La causa, su importancia regional como polo de comercio, cuyas autoridades no controlan. El efecto, ventas desbordadas de los límites del mercado que en un día de plaza hacen desaparecer el pueblo. La consecuencia, sumada a la falta de ordenamiento territorial y planes de uso del suelo, la mutilación de la arquitectura en aras del desarrollo, que en realidad solo es crecimiento, perdiéndose las características que debieron ser protegidas.

Lo mismo puede decirse de ciudades como La Antigua Guatemala, patrimonio mundial, que lejos de la categoría turística que representa, sucumbió ante la suciedad y escándalos en la calle, comercio Q9.99, bares y distribución de droga, ante la complacencia de autoridades que nada hacen por su control.

A lo largo de más de 40 años de práctica profesional en ese ámbito, noto con desazón que la lucha por la conservación del patrimonio cultual se ve reducida a pequeños logros que, independientemente del monto de su inversión, escala, magnitud e importancia del bien recuperado, resultan insuficientes. En otras palabras, que el comercio, lícito e ilícito, generador de riqueza y crecimiento ganó terreno en detrimento del desarrollo y la identidad cultural de nuestro bello, pero mísero país.

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