El primer acto oficial del brazo político y judicial de la tiranía venezolana fue aprobar la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, con lo que se borra el último vestigio de democracia. La Asamblea Constituyente, convertida ahora en un superpoder, ordenó además el arraigo y la congelación de sus bienes monetarios, aunque la funcionaria y varios gobiernos rechazan esa resolución.

Con estas nuevas acciones, Nicolás Maduro y su camarilla gobernante constituyen una vergüenza para los principios bolivarianos y han incurrido en una traición a la patria y al legado del mismo Hugo Chávez, quien en su momento se encargó de confeccionar también una constitución a la medida de sus caprichos, creyendo que gobernaría para siempre.

Hoy, la situación ha empeorado en Venezuela, la corrupción se ha desbordado, la crisis económica es la más acuciante del mundo, se han terminado las libertades y ahora empieza a gobernar la omnipresente asamblea integrada por un grupo de oportunistas de la política y por gente común que aún confía en el sueño del socialismo del siglo XXI, con el único objetivo de perpetuar un modelo agonizante.

No será una tarea fácil, porque el régimen enfrenta el aislamiento internacional más colosal que haya vivido un país del continente, y eso solo sería superado por el bloqueo comercial contra Cuba cuando los revolucionarios decidieron abrazar la causa comunista, un precio demasiado caro que pagó la población, y eso apenas empieza para Venezuela.

Ayer, los cancilleres del bloque de naciones que integran Mercosur acordaron suspender a ese país de esa instancia, por considerar que ha violado las normas democráticas, ante lo cual Caracas protestó airadamente, como si estuviera en sus manos imponer criterios en un foro que claramente está propugnando por el restablecimiento de las garantías constitucionales y por el respeto a críticos y opositores al régimen.

Este es el principio de una serie de medidas a las que se unirán otros países, y quizá el siguiente sea el gobierno estadounidense, que no solo ha castigado ya a catorce funcionarios venezolanos, incluido Maduro, sino que se espera el anuncio de medidas más drásticas en el terreno financiero, las cuales apuntan a sancionar a la cúpula gobernante y no al grueso de la población, si estas afectaran las compras de petróleo.

Ese el único camino para arrinconar a un régimen cerrado al reclamo internacional que pide el inmediato restablecimiento de garantías pero también escuchar a quienes dentro de Venezuela elevan voces de protesta por los atropellos, el encarcelamiento de líderes políticos y porque cese el desborde de violencia instigada y tolerada por las fuerzas gubernamentales.

Tanto la Comunidad Internacional como la oposición dentro de Venezuela deben unir esfuerzos para evitar la radicalización de medidas represivas propias de las dictaduras, como ya lo expresó el grotesco y oscuro asambleísta Diosdado Cabello, quien afirmó que el siguiente paso es despojar de inmunidad a los miembros de la Asamblea Nacional.