Una nueva comprobación de que van muy en serio las investigaciones contra la corrupción iniciadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ocurrió ayer, con el señalamiento de que la junta directiva del Congreso en funciones el año pasado contrató a más de una centena de asesores con plazas fantasmas que promediaban 15 mil quetzales mensuales, y además pidió un antejuicio contra seis de los diputados actuales. 

Con el anuncio de ayer, son tres los expresidentes del Organismo Legislativo que se encuentran bajo la mira de las investigaciones. Pedro Muadi está en prisión, acusado de haber creado 15 plazas fantasmas, y ahora están acusados Arístides Crespo y Luis Rabbé, cuyo hermano Alfredo, actual diputado, se encuentra también entre los señalados, lo mismo que los parlamentarios César Fajardo, Manuel Chutá, Carlos López Girón, Julio César López y Selvin García. También fueron incluidos Luis Mijangos, exdirector del Congreso, y Carlos Herrera, actualmente prófugo.

La verdadera y fundamental lección de estos señalamientos es la posibilidad de que haya comenzado el proceso de la certeza de la impunidad, lo cual es positivo desde cualquier punto de vista que se analice. Se está abriendo la puerta también a la discusión pública acerca de la justificación de permitirles a los diputados tener asesores, y en todo caso establecer cuáles son las razones para dichos gastos, que al igual que el número de personas, debe tener un límite muy celosamente obligado y perfiles severos.

El resultado de esta francachela de gastos innecesarios e imposibles de justificar es la actual discrecionalidad de los diputados para contratar personal a su servicio, sin límite ni un perfil que deban llenar quienes sean llamados para trabajar al lado de los parlamentarios. Es un tema parecido al de los sueldos de los empleados administrativos del Congreso, que en muchas ocasiones simplemente son demasiados y responden a componendas entre quienes han ejercido el mando parlamentario y los integrantes del sindicato. Este es tema aparte, ciertamente, pero no puede quedarse en el olvido.

Al respecto de lo ocurrido ayer con estos parlamentarios, el único comentario que puede hacerse es el de aprobar las acciones de la Cicig y del MP. El nivel del escándalo es enorme, incluso en un país como Guatemala, donde los sucesos relacionados con la sempiterna corrupción en todos lados de la administración pública provocan que la capacidad de sorpresa de los guatemaltecos sea puesta a prueba casi a diario. Pero hasta ahora los resultados apuntan a afianzar la esperanza y a comprender la dificultad de la tarea.

Lo ocurrido también pone, de manera directa, en el juicio a los medios informativos del país. Ocultar o tratar de quitarle importancia a lo ocurrido constituye una acción que además de caer en lo corrupto resulta inútil, a causa de que aparece en los medios independientes y sobre todo en las redes sociales. Finalmente, vale la pena indicar que las investigaciones de las autoridades deben abarcar cada vez más a las instituciones estatales y a las privadas que se hayan relacionado con acciones sin transparencia.