LAS REFORMAS PROPUESTAS a la Constitución originan cada vez acciones de simplismos conceptuales, algunos casi perversos. Uno de ellos: calificar de progresistas a quienes las apoyan y de retrógrados a quienes las consideran inconvenientes. Se han vuelto motivo de una nueva desunión entre la ciudadanía y, peor aún, una prueba de fuerza. El razonamiento sereno se bate en retirada. Pero hasta este momento no ha habido un esfuerzo serio por explicar cómo funcionan los nuevos criterios a la realidad práctica del país. Tampoco nadie ha explicado cuáles medidas se deben tomar a fin de permitirle a la población ahora marginada de la justicia, un acceso real a esta. Se quieren hacer cambios o mantener lo existente sólo en base a la esperanza de lograr éxito.

POR APARTE, LOS grupos contendientes tienen en común, como es el caso del resto de guatemaltecos, no haber leído la Constitución actual. Eso lo complica todo aún más, porque tanto los insuflados temores como la persistencia en quedarse sin cambios se han pensado y exigido sin un estudio acerca del texto constitucional. Por eso, y con el objetivo de eliminar tanta subjetividad, resulta imperativo también explicar las presuntas fallas de la Carta Magna guatemalteca. Han pasado 31 años desde su creación, pero por fortuna aún quedan varios de los constituyentes de 1984-85, cuyos criterios pueden ofrecer instrumentos válidos para lograr un mejor proyecto de reformas, fuera de toda consideración gremial e incluso personal en los campos nacionales políticos, sociales y económicos.

TUVE OPORTUNIDAD DE TENER una conversación con la Asociación de Dignatarios de la Nación, integrada por exconstituyentes, y en un apretado resumen señalan estar en desacuerdo con las reformas propuestas por no ser consensuadas y no haber llenado los requisitos constitucionales, como no haber sido estudiadas ni analizadas, así como presentarlas luego de una reunión del consejo de ministros. Los tribunales indígenas, indican, significaría una estructura paralela de alto costo, además de violar los artículos 3 y 153 de la Constitución porque significa una justicia diferente según la raza o población donde vive cada persona, además de existir un sistema escrito para juzgar a un grupo de guatemaltecos, y otro basado en costumbres ancestrales para el resto de la población.

POR APARTE, SEGÚN INDICAN los exconstituyentes, crear el Consejo Nacional de Justicia viola el artículo 214 constitucional y degrada a la Corte Suprema de Justicia en sólo una Corte de Justicia. Por estas causas, estos dignatarios de la Nación califican de retroceso las reformas planteadas, y se extrañan de haber sido ya aprobadas en tercera lectura por el Congreso, cuyos integrantes ya comenzaron a hacer realidad otro de los riesgos: la adhesión de cambios adicionales pedidos o incluso exigidos para satisfacer intereses grupales. No opino sobre los criterios de mis interlocutores, sino nada más creo necesario analizar si es válida su petición de pedir el cumplimiento del texto constitucional para dar a los cambios sugeridos una validez institucional hoy inexistente por olvido o desprecio.

CAMBIOS CONSTITUCIONALES son justificados, necesarios, para adaptar los textos a las realidades actuales del país, algunas incluso impensadas hace 31 años. Pero no puede ser una posición de rechazo o apoyo en un cien por ciento. Será mejor un balance, lo cual implica tiempo, serenidad y deseo de sentar bases de unidad nacional, dentro de su evidente diversidad étnica, con las consecuencias de ello en el tema de la justicia para todos, no sólo para unos pocos. Si se aprueban y luego es necesario gastar unos 300 millones de quetzales para una consulta popular minoritaria cuyo resultado sea negativo, de nuevo se habrá perdido una oportunidad a causa de la insensatez de tantos, derivada a la vez de pasiones e intereses espurios, causantes en el pasado de la triste situación nacional.