Así como el marero cree que en cada acto de extorsión se sale con la suya o el gatillero considera haber tenido su mejor día cuando asalta a un guatemalteco, así también los diputados, de la peor legislatura de nuestra historia, creen haber obtenido un triunfo con la aprobación de una amnistía a quienes recibieron recursos mediante un procedimiento ilícito para financiar sus campañas electorales.

Se equivocan quienes ahora creen, una vez más, que con la aprobación de modificaciones dirigida al Código Penal se ha dado un paso en la línea correcta. En realidad es un claro retroceso, porque esto implica el debilitamiento de la persecución penal, al beneficiar de manera directa a quienes ya enfrentaban cargos por los delitos ahora anulados.

Entre los beneficiados está el presidente Jimmy Morales, quien fungió como secretario general de FCN-Nación cuando se dio el hecho que denunció la actual fiscal general como financiamiento electoral ilícito.

Otro beneficiado es Orlando Blanco, de la acomodaticia agrupación e impulsora de la modificación Unidad Nacional de la Esperanza, quien también se encuentra en la mira de la justicia por el mismo delito. El nuevo artículo aprobado en favor de los políticos también beneficia a Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, partido que está a las puertas de ser cancelado por el Tribunal Supremo Electoral, por lo mismo.

Lo aprobado ayer por el Congreso se reduce a una burda amnistía para beneficiar a figuras polémicas de la política nacional que podrían salirse con la suya si las obligadas acciones legales no logran frenar este nuevo acuerdo del pacto de corruptos, que solo busca el beneficio de los señalados, pero también abrirle las puertas al imperio de las mafias.

Esta modificación se reduce a extender el campo de acción de quienes de manera dadivosa quieran someter a su voluntad a quienes cuentan con los vehículos electoreros aptos para participar en la próxima contienda electoral, en la que el oscuro financiamiento podría ser rehabilitado con la simple condición de declarar que el origen del dinero no es ilícito.

La parte del financiamiento electoral ilícito provocó la aprobación de un nuevo artículo en el Código Penal, el cual en su inciso Ñ establece el financiamiento electoral no registrado, como si las mafias tuvieran la menor intención de aparecer, pues precisamente eso fue lo que puso a Jimmy Morales en la mira de la justicia, al pedir que los millonarios recursos que recibió en la anterior campaña no ingresaran a las cuentas de su partido.

Con la complicidad de la UNE, al pacto de corruptos solo le queda ahora anular cualquier obstáculo al transfuguismo para que se profundice una de las más nefastas alianzas políticas, lo que a la vez se cierne como una enorme amenaza sobre los guatemaltecos, para ponerse en sintonía con los abusos que desde el Ejecutivo se vienen cometiendo contra la institucionalidad.

No se puede ni se debe celebrar una de las más perversas y nocivas alianzas de los peores políticos de nuestra era, porque ninguno de sus actos puede ser en favor de los guatemaltecos, porque esta es una nueva muestra de cómo se pueden impulsar leyes en beneficio propio.