Falta de agua y de tierra, así como el comercio de materia prima para producir drogas son tres de los grandes ingredientes que al combinarse con la precariedad y la ausencia del Estado producen escenarios indeseables como el que se vive ahora en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, donde se decretó un estado de Sitio durante 30 días para resolver un “agudo problema de seguridad nacional”.

La conflictividad entre esos dos municipios es añeja, pero no ha sido solo por límites territoriales; el acceso al agua ha sido otro punto de discordia recurrente desde hace décadas y, más recientemente, el cultivo de amapola, de la cual se extrae la materia prima para la producción de heroína, ha incrementado la volatilidad en la región, al extremo de que ambos bandos tendrían en su poder armas de grueso calibre.

Esta situación motivó a que el Gobierno decretara el estado de Sitio para que durante el tiempo que dure la restricción de garantías las autoridades puedan detener, interrogar y limitar la locomoción de las personas sin orden de juez competente, lo cual implica que es una medida extrema con el único objetivo de restablecer el orden.

Es deseable que esta primera etapa no tenga complicaciones, pero surge la pregunta sobre la prolongación de una medida que claramente solo llevará un orden relativo a la región, pues la problemática es mucho más profunda que un simple foco de criminalidad, y sobre esto no se han escuchado propuestas gubernamentales.

La pacificación en esa región debe contemplar también propuestas de desarrollo, pues es indiscutible el aporte económico que un comercio criminal le puede aportar a una sociedad cuando las oportunidades de desarrollo son prácticamente nulas, y por eso es que la intervención militar en el área solo debe ser vista como algo transitorio hacia un nuevo plan de mejoras.

Es casi seguro que muchos de quienes hoy buscan imponer el orden en esa región no tienen el más mínimo conocimiento sobre las necesidades de la región, porque si hubieran entendido la problemática, desde hace años se habrían atacado los focos de conflicto y por eso ahora se acude a medidas extremas para restablecer el orden, el cual nunca llegará si solo se actúa con el respaldo de un contingente militar y policial.

Ixchiguán y Tajumulco son apenas los más recientes ejemplos de una conflictividad latente en varias regiones del país, sobre todo aquellas que están más cerca de la frontera con México, ruta por la cual transitan de manera ilegal no solo narcóticos, sino contrabando, trata de personas y comercio, lo cual pone en perspectiva un reto que se puede volver recurrente en otras zonas.

Ni siquiera las autoridades tienen claridad sobre el origen del problema y por eso responder con un derroche de fuerza puede requerir un prolongado tiempo, porque la situación no volverá a la calma de manera inmediata y mucho menos cuando el ilegal medio de vida que ahora ayuda a muchas familias empiece a hacer crisis, entonces será el momento de saber si el Gobierno cuenta con opciones más creativas para llevar desarrollo y prosperidad a esa región de San Marcos, históricamente abandonada por el Estado.