La Constitución Política establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y es su deber garantizarle a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

Sin embargo, el panorama general de la falta de seguridad y de aplicación de justicia en Guatemala sugiere que el Estado no ha sabido cumplir correctamente con esta misión.

Lo anterior cobra cada vez más importancia cuando el país desea entrar en el nuevo orden económico. Esto obliga a que el Gobierno asuma un nuevo rol facilitador y regulador; pero las acciones hacia la modernización se ven limitadas por contar con instituciones débiles.

Para modernizar el Estado se necesita de un Organismo Judicial efectivo, que vele por el cumplimiento de la ley, la paz social y el desarrollo.

Sin embargo, aun cuando se cuenta con instituciones para impartir justicia; con la independencia de poderes y demás garantías constitucionales para su pronta y adecuada aplicación; con normas que establecen los procedimientos y limitan el ámbito de acción de los jueces; y con sanciones por la incorrecta aplicación de la misma, la aplicación de justicia no es eficiente y de ello se aprovechan quienes deben ser sancionados.

A mediados de la década del 90 se puso en marcha una estrategia para corregir las deficiencias, y transformar al viejo y corrupto Organismo Judicial en uno moderno, eficiente y confiable. Aun con los esfuerzos realizados, persisten problemas que debilitan la seguridad jurídica y la credibilidad en las instituciones.

Superar estos problemas requiere decisión, planificación y estrategias. También recursos. Poco tiempo queda para discutir y aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, ejercicio fiscal 2006.

Y como todos los años se discute y se escatima la asignación presupuestaria para el sistema judicial, especialmente el asignado al Organismo Judicial. ¿Por qué uno de los organismos independientes del Estado debe ir a pedirle al Congreso el favor de que le apruebe su presupuesto?

El error ha sido discutir el tema desde una perspectiva política y no de beneficio para la sociedad. También lo es que la Corte Suprema no pueda demostrar las mejoras, el progreso y el uso eficiente de los recursos para obtener lo que necesita.

Modernizar el Organismo Judicial debe pretender recuperar su credibilidad, la autoridad y el monopolio del poder coercitivo que la sociedad le ha conferido. Pero el camino es de dos vías: el Congreso debe discutir con criterios técnicos el presupuesto para dicho organismo; y la Corte debe demostrar las mejoras con hechos.