La degradación del comportamiento económico de un país o el ultimátum que fija la más alta corte del país a un puñado de funcionarios no son eventos aislados, ni mucho menos deben ser vistos como actos injerencistas en el funcionamiento de ciertas instituciones, sino como la generalizada evidencia de que la marcha del Estado va por muy mal camino.

Estas no son las primeras señales de ese deterioro y más bien son la ratificación de un expandido malestar de los guatemaltecos con el desempeño en los más altos órganos de poder, donde se evidencia la mediocridad y lo peor es que lejos de buscar enderezar el rumbo se incurre en nuevas torpezas.

Al presidente y a las principales cabezas de la Cancillería les ordena la Corte de Constitucionalidad dejar de hostigar al comisionado Iván Velásquez y en vez de aprovechar la oportunidad para dar un asomo de enmienda se da una nueva muestra de obstinación al enviar otra carta que solo desnuda su débil postura.

El mismo presidente Jimmy Morales trató de minimizar los hechos al decir que era un “asunto de relaciones exteriores”, cuando esto es precisamente la causa de que congresistas de Estados Unidos le pidan el Secretario de Estado endurecer las sanciones contra quienes en Guatemala se resisten a sumarse a la lucha contra la corrupción, mientras aquí se dan mayores muestras de obstinación.

Quizá muchos crean que corrupción solo se refiere al robo del dinero de los contribuyentes, cuando su definición es mucho más amplia y empieza con el mal uso del poder o cualquier intento por dilatar o dificultar el funcionamiento de las instituciones, en este caso el de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, objetivo de muchos ataques.

Por eso es que hace mal el mandatario en pretender ignorar lo que ocurre porque con esas posturas está tolerando acciones de hostigamiento y de obstaculización al avance de la justicia, cuyo funcionamiento él y sus asesores tratan de debilitar.

Lo más deplorable es que estos funcionarios no están solos en esos esfuerzos, sin tomar conciencia que el mayor daño se lo hacen al país con su irresponsable actitud, como se observa en fallos judiciales que también pueden constituir actos de corrupción, como emitir resoluciones que riñen con el esclarecimiento de hechos punibles y en los que incluso se beneficia a prófugos de la justicia, en una clara muestra de lo que significa la cooptación del Estado.

Ese cuadro de degradación nacional lo complementa el Poder Legislativo, que no solo ha dado muestras lamentables de querer beneficiar a la delincuencia y de buscar aprobar leyes a favor de la corrupción y la impunidad, sino que sigue evidenciando su escaso interés por remediar el deplorable estado de las cosas.

Si a esto le sumamos otros componentes de la corrupción, como el caciquismo y el tráfico de influencias observaremos el complejo cuadro prevaleciente y los enormes esfuerzos, internos y externos, que deberán emprenderse para llevar a cabo la recuperación de las instituciones.