LOS CAMBIOS AL SECTOR JUSTICIA encuentran hoy día un terreno fértil para hacerse realidad. Sobre todo si entre sus postulados está la búsqueda de la independencia judicial, la eficiencia administrativa y el combate de la impunidad. Ahora existe un buen clima para impulsar la modernización de la justicia para que sea pronta y eficaz. Sin embargo, en ese mismo escenario existen dos serios valladares. El primer escollo es político: esas enmiendas deben pasar por el Congreso, en el cual podrían perder su valor si se imponen los intereses más oscuros. El segundo es financiero: la carencia de fondos puede dar al traste con cualquier cambio porque no se pueden impulsar con cascaritas de huevo güero.

EL DIÁLOGO NACIONAL ES UNA VÍA correcta para que todos los sectores puedan pronunciarse sobre el rumbo que debe tomar la administración de la justicia, así la posibilidad de una consulta constitucional estaría avalada por el consenso nacional. Empero, la sola idea de que esas enmiendas tengan que ser conocidas y aprobadas por el Congreso despierta dudas sobre su futuro por la existencia de mafias en ese organismo. Basta recordar cómo fue manipulada y desarmada la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para comprender que una reforma al sector justicia podría ser también mancillada. La ley electoral fue trasquilada a conveniencia de los diputados y no pasaron los cambios al financiamiento partidario y la elección por listados.

EN LA CORRELACIÓN DE FUERZAS para avanzar en la modernización y democratización del Estado no se puede contar con el Organismo Legislativo porque los resultados han sido nefastos. La única acción correcta que se ha visto en las últimas fechas fue que por unanimidad los diputados despojaron de su inmunidad al magistrado Douglas Charchal para que pueda enfrentar a la justicia. Tendría que haber mucha presión ciudadana para que los parlamentarios tuvieran una actitud decente frente a la necesaria transformación de la justicia, sin que medien los intereses espurios del crimen organizado incrustado en ese organismo.

PERO QUIZÁ EL MAYOR obstáculo es la falta de fondos. Se sabe que el Organismo Judicial (OJ) apenas tiene la mitad de los jueces de la media latinoamericana y que el Ministerio Público (MP) tiene presencia en apenas el 10 por ciento del territorio nacional. El OJ requiere, como mínimo, Q2 mil 694 millones anuales, más de mil millones de su actual asignación, mientras que el MP requiere unos Q1 mil 800 millones, más de Q300 millones de su presupuesto actual. No tendría ningún sentido aprobar una reforma si no se prevén fondos suficientes para su funcionamiento. De ahí la importancia de que se tome en cuenta la iniciativa del comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, para que se cree un impuesto temporal para financiar al sector justicia. La propuesta no está dirigida a todos los guatemaltecos, sino únicamente a los grandes patrimonios.

EL PRESIDENTE JIMMY MORALES tiene una oportunidad histórica de acuerpar esa iniciativa que permitiría aumentar los fondos del Estado. A la fecha lo que se ha visto es una actitud ambigua del mandatario hacia la propuesta de Velásquez, quien retoma una iniciativa que tuvo éxito en su natal Colombia. Frente a nosotros solo está la posibilidad de mejorar la administración de la justicia y eso no se puede hacer solo con buenas intenciones. Por eso insisto, sin presupuesto no habrá reforma judicial que sea efectiva.

@hshetemul