Una manada de lobos tiene estructura social perfecta, una pareja alfa la dirige y una pareja beta la sustituye preparándose para ello, su organización asegura el instinto de gran predador y se obtiene un modelo exitoso de reproducción.

Debemos conocer de lobos cuando distintas bancadas preparan, dentro de un contexto político, social, económico y jurídico difícil, aprobar una ley que permitirá, según ellos, al órgano político por excelencia —el propio Congreso— el control de los funcionarios judiciales y de quienes encarnan los institutos de control de nuestro débil sistema republicano, PDH, fiscal general, contralor de Cuentas y PGN.

Los diputados —lobos— quieren depredar cualquier atisbo de República, proponen eliminar los filtros de calificación a denuncias que fueren presentadas, si esto hubiera existido en tiempos del FRG, los magistrados del TSE se hubiesen ido presos por denegar la inscripción al dictador Efraín Ríos Montt y tener como títere al MP, por supuesto, quienes aplauden “al general” son de los más fervorosos gestores del monstruo.

Mientras en las democracias se debate sobre los mejores diseños para asegurar la independencia judicial y la eficacia de los sistemas de disciplina, nuestros diputados aprueban normas dignas de dictadura, como todo lo de este gobierno nos atrasa por años y esto solo con el debate. El presidente señala que no es necesaria la Cicig y sus diputados —conocidos trinqueteros— le aplauden y engañan al decir que el régimen combate la impunidad.

El antejuicio es la garantía constitucional otorgada a ciertos dignatarios y funcionarios para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los tribunales sin que exista una declaración de que hay motivo para ello. Esta es una protección al cargo, porque en el ejercicio del mismo se “molestan” intereses particulares que pueden dar lugar a venganzas. La denuncia que dé lugar a tramitar un antejuicio debe establecer una exposición de los hechos y estos a la vez describir la comisión de un delito. No vale presentar razones espurias, políticas o ilegítimas. Estas tres últimas condiciones las conoce la Corte Suprema y esto es lo que los depredadores buscan eliminar.

El Congreso es el órgano político por excelencia y así se consideran ellos mismos como los “idóneos” para conocer “las razones políticas a una denuncia penal”. Así de estúpidos nos creen.

No basta a los diputados saber que muchos de los grandes ladrones, como Alejandro Sinibaldi, pasaron por una curul; poco importan los “negocios” al discutir el presupuesto estatal, viene del norte las plazas fantasmas, estos diputados funcionan como manada de lobos: depredan todo y ahora le entran a un pírrico control republicano, como lo es el mínimo conocimiento judicial para admitir el trámite a una denuncia penal contra un magistrado o funcionario de un órgano de control. Quieren doblegar el criterio jurídico al político en un expediente judicial y así seguir dándole la espalda a los verdaderos problemas nacionales, la pobreza solo es para discurso de campaña.

Se pretende someter a jueces a un permanente control político. Ese discursito de “respeto a la institucionalidad” no es más que un recurso mercadológico para erosionar el diseño constitucional, son especialistas en la farsa y además cuentan con bufones en redes sociales para defender el agravio. Los autoritarios siempre tienen lambiscones cerca.

Lo propuesto es inconstitucional, pero la amenaza existe y debemos entender que al minar el actuar de los órganos de control dentro de un sistema republicano se lesiona uno de los derechos fundamentales básicos: la garantía de libertad.

Mientras más sólidos son los mecanismos de control dentro de una república, más está garantizada la libertad, y esto a los impresentables no les gusta.

@Alex_balsells