Como todos los años se reúnen gobierno, empleadores y trabajadores en las comisiones paritarias que revisan los salarios mínimos, como de costumbre, no se llega a ningún acuerdo, por las ridículas pretensiones de los representantes de los trabajadores ante las cuales los empleadores, por razones obvias, no pueden aceptar, como consecuencia queda en manos del Ejecutivo la decisión de aumentar o no el salario mínimo y en los últimos años, para no molestar a las bases sindicales, se ha venido dando un aumento, que este año ya se habla de que será de un 3.85%. Guatemala es el quinto país con más alto salario mínimo de la región. Esto lo evidencia la pérdida de competitividad en relación con otras economías como Perú, Brasil, Colombia y México.

En términos reales, el salario mínimo de Guatemala no tiene ninguna relación con la productividad laboral medida por la razón del PIB real y la fuerza laboral del país. En 10 años, el salario mínimo mensual ha subido un 87.60%, tanto para las actividades agrícolas y no agrícolas, mientras en ese periodo se redujeron tanto el crecimiento económico como la inflación. El incremento del salario mínimo creció más que proporcionalmente, sin tomar en cuenta la inflación, la productividad y el crecimiento de la economía. Aquí no estamos tomando en cuenta los onerosos salarios producto de los pactos colectivos de las diferentes dependencias gubernamentales que sobrepasan por mucho lo salarios mínimos.

Desde hace varios años, dos actividades generadoras de empleo formal, como son la minería y el sector eléctrico, pagan los mejores salarios del mercado laboral, pero, por supuesto, son las dos actividades que están en la mira para su destrucción de parte de los sectores como el Frente Nacional de Lucha y toda la sopa de letras de oenegeros cuya meta es destrozar el país.

El esquema debe cambiar y no centralizarse en la discusión de un salario mínimo mayor, sino que se debe acelerar la aprobación de leyes que aumenten la productividad y la competitividad del país… La no ratificación del Convenio 175 de la OIT sobre el Trabajo a Tiempo Parcial ha logrado que la informalidad siga en aumento y no se pague un salario de acuerdo con la productividad del trabajador y no existan más oportunidades de trabajo, pero ya lo vimos, los mensajes de la izquierda son claros, sencillamente no quieren bienestar para la población.

Esta semana leímos que los inversionistas de Hidro Santa Cruz se retiran de Guatemala y harán su inversión en un país que le dé la bienvenida a la inversión. Dos mineras se retiran, pues la conflictividad social causada por la desinformación hace imposible su operación, mientras Nicaragua, Honduras, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y, por supuesto, Chile incrementan sus operaciones mineras y petroleras.

La reducción de operaciones en las Zonas Francas por una estúpida ley del Congreso hará que más de 25 mil trabajadores pierdan sus puestos de trabajo y El Salvador ofrece 10 años de exención del ISR para las que se instalen allá. Para ponerle la tapa al pomo, está por aprobarse una ley de competencia que nos hará incompetentes. Dice Fritz Thomas: El andamiaje de la Ley de Competencia, sin embargo, ignora los principios que enuncia y contradice los objetivos que persigue. La arquitectura de esta ley es un calco de lo que quiere la Unión Europea, un enjambre burocrático y regulatorio, donde una superintendencia estaría llamada a decidir qué es y qué no es competencia, con poder para imponer multas y “arreglar” el mercado.

Oímos y seguiremos oyendo discursitos en los que dicen que atraerán inversión. La pregunta es: ¿Cómo lograrán convencer?