Políticas públicas
¿Y cuánta gente trabaja aquí?
Es necesario contar con información fidedigna sobre el número de los empleados que laboran en el Estado.
Aunque existe un consenso generalizado respecto de la necesidad de reformar el sistema de servicio civil en Guatemala, lo que no existe es una idea clara respecto de cuántos empleados laboran en el Estado, ni bajo qué renglón se encuentran nominalmente, ni en qué entidad prestan sus servicios físicamente, ni si existen plazas fantasmas dentro del aparato estatal: ninguna entidad ni funcionario parecen saber a ciencia cierta estos datos, que resultan esenciales para emprender cualquier reforma al sistema.
Dado que ni siquiera el presidente de la República sabe cuántos funcionarios existen, durante el gobierno de Jimmy Morales tuvieron la ocurrencia de encomendarle al INE hacer un “Censo Nacional del Recurso Humano 2017-2018”, en el que se estableció que entonces había 292,753 servidores públicos; sin embargo, el entonces presidente desaprobó ese “censo” porque dejó gran cantidad de funcionarios sin censar. En cualquier caso, dicho “censo” era un sinsentido: un censo solo proporciona información correspondiente a un momento determinado, cuando lo correcto y conveniente sería mantener actualizada dicha información de manera permanente (imaginemos lo absurdo que sería, por ejemplo, que el presidente de la General Motors tuviera que hacer un censo de sus empleados para saber el número y características del recurso humano a su cargo).
El recurso humano representa más de la cuarta parte del total del gasto gubernamental.
Resulta injustificable, pues, que ningún gobierno haya tenido la curiosidad —ya no digamos la capacidad— de saber cuántos burócratas hay y a qué se dedican, pese a que es uno de los rubros que más costos financieros representan para el fisco. En el proyecto de presupuesto del Estado para 2025, que se discute en estos días en el Congreso, el costo del recurso humano representa más de la cuarta parte del total del gasto gubernamental previsto para el próximo año (hablamos de ¡más de Q40 mil millones!). El gasto en salarios del gobierno ha mostrado, además, una tendencia creciente durante años, lo cual genera presión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los ministerios que más han impulsado el gasto salarial son los de Educación y Salud, merced a los incrementos acordados en los opacos pactos colectivos que se siguen negociando.
La solución de esta injustificable situación no pasa por hacer “censos” de empleados públicos, sino por poner en marcha sistemas modernos de control del recurso humano en el Estado. El Ministerio de Finanzas —que es el que termina pagando la cuenta— tiene a su disposición la información financiera necesaria para empezar a poner orden. Además, se debería establecer la obligatoriedad de que todas las entidades del sector público utilicen el sistema Guatenóminas para procesar su nómina y que dicho sistema sea de acceso público en formato de datos abiertos. También los entes de control (unidades de auditoría interna, Contraloría y Congreso) deberían exigir que todas las entidades estatales tengan sistemas actualizados con la información de sus empleados, salarios y honorarios.
Cuenta la anécdota que, en cierta ocasión, le preguntaron al primer ministro británico Winston Churchill cuántos empleados públicos trabajaban en su gobierno, a lo que respondió —con su característico humor mordaz—: “la mitad de ellos”. Si hoy le preguntasen lo mismo al presidente Arévalo, quizá tendría que responder en términos similares. Pero si se decide a impulsar sistemas modernos para registrar y controlar la plantilla de empleados públicos, quizá al final de su mandato logre dar una respuesta más concreta y, además, dejar como legado una gestión más eficiente de los recursos humanos del gobierno.
ESCRITO POR:
