Quedan 5 días para el balotaje del 20 de agosto. Todavía no podemos asegurar con certeza que llegaremos hasta ahí. Visto lo visto, sigue latente el peligro del sabotaje a la realización de la segunda vuelta y ya está en marcha una estrategia para intentar anular los resultados y desconocer la elección. Una muestra de lo que se viene la vimos en vivo y a todo color en un video que circuló en redes en donde la encargada de fiscales de la UNE en Melchor de Mencos, Petén, enfatizó que la instrucción de la coordinación general es que se impugnen las 50 mesas de ese municipio.

La meta para el 20A es que la jornada electoral se lleve a cabo con la menor cantidad de incidentes y con la mayor participación ciudadana que sea posible; que se permita el conteo de los votos sin que se genere caos por las impugnaciones en cada mesa receptora; y que el TSE garantice la transmisión de los datos con total fiabilidad y en el menor tiempo posible.

La meta para los días posteriores es que se reconozca la voluntad popular y no prospere la segunda parte del golpe judicial. Después vendrá la carrera de obstáculos para lograr llegar al 14 de enero, porque está claro que si los resultados son desfavorables al Pacto —todo parece indicar que así será— la maquinaria se echará a andar a todo vapor para que el binomio del Movimiento Semilla no logre asumir o, si lo hace, lo haga con el mayor desgaste posible, incluyendo la desaparición de su partido. Ojalá me equivoque pero no veo factible que la alianza corrupta se dé por vencida y acepte que tiene que dejar esa parte del poder.

Porque no se trata de lo que pueden ganar, se trata de lo que les significa perder. Aunque la presidencia de la República es solamente una parte del “pastel” (una muy importante), el que siga bajo su dominio les permite: a) mantener el modelo de corrupción y saqueo del Estado; b) continuar con el control sobre el MP y las altas cortes para mantener su impunidad y continuar con la criminalización; c) prorrogar la cohesión de la alianza mayoritaria en el Congreso que les garantice seguir con sus jugosos negocios, el control de los recursos presupuestarios y la aprobación de una agenda legislativa acorde a sus intereses y privilegios; d) garantizar que el flujo financiero continúe al servicio de la estrategia de compra de voluntades y de mecanismos de corrupción; e) alinear a ministerios y secretarías en torno a una agenda que ahogue (más) los derechos y libertades ciudadanas; f) controlar la política exterior para “negociar” que la gran potencia se (medio) haga de la vista gorda ante el deterioro democrático, a cambio de la represión a los migrantes y unos cuantos narcos extraditados; y g) evitar —mientras puedan— que se repita para el primer círculo de Giammattei el escenario de Juan Orlando Hernández (JOH) en Honduras…

En síntesis, mantener la presidencia les es imperativo para garantizar que siga el estado actual de las cosas y poder profundizarlo. Eso y no otra cosa es lo que se juega en esta elección. No es únicamente un balotaje entre dos opciones políticas notoriamente opuestas. Es la disyuntiva de rescatar lo poquísimo que nos va quedando de democracia o terminar de aniquilarla en las urnas optando por la continuidad del autoritarismo corrupto. Por eso vemos cómo arrecia la salvaje campaña negra de mentiras y de odio en contra de Arévalo y su partido.

Una serie de factores que ya mencioné en anteriores columnas nos trajo hasta acá. El escenario para el balotaje que habría podido ser entre Torres y Pineda (o alguno de los otros candidatos vetados) se transformó sorpresivamente con el voto de rechazo —24 % entre nulos y blancos— y la dispersión del voto entre el resto de opciones, en una posibilidad concreta para derrotar en las urnas al Pacto de Corruptos. ¡Es ahora!