Tras 680 días privada arbitrariamente de su libertad, la abogada Virginia Laparra salió de prisión. Mientras estuvo detenida enfrentó un régimen de aislamiento en el que pudo salir a tomar el sol solamente una vez al día. Los procesos en su contra además de infundados, estuvieron y continúan plagados de arbitrariedades y son, de alguna manera, casos “ejemplificantes” para que otros operadores de justicia se abstengan de hacer su trabajo en forma independiente so pena de sufrir la misma suerte.

El suyo es uno de los casos emblemáticos del uso malicioso del Derecho Penal para perseguir y castigar a quienes se consideran enemigos del régimen de corrupción e impunidad que impera en el país. Por eso, Amnistía Internacional la declaró “presa de conciencia” al considerar que su detención estaba estrictamente vinculada a su labor como fiscal. También, en mayo de 2023, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas solicitó su liberación inmediata, aunque la misma se concretó 8 meses después, hace menos de una semana.

Virginia ocupó el cargo de jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del MP en Quetzaltenango y desde ahí llevó adelante varias investigaciones relacionadas con casos de gran corrupción que salpicaron a poderosos personajes del ámbito político, económico y judicial. Fueron las denuncias administrativas que interpuso en contra del entonces juez Lesther Castellanos las que le valieron una condena por el delito de “abuso de autoridad en forma continuada”, ya que a criterio del Tribunal no estaba facultada para realizarlas.

Aunque su defensa presentó un documento en el que constaban más de 200 denuncias que fiscales han interpuesto contra jueces como parte de su trabajo de fiscalización, el mismo no se admitió como prueba y la exfiscal anticorrupción fue sentenciada a 4 años de prisión que, a pesar de ser conmutables, no se hicieron efectivos por existir un segundo caso penal en su contra. Este caso, también fabricado, confirma el patrón de criminalización que se ha utilizado para hostigar, intimidar, castigar y perseguir a jueces, juezas, fiscales, líderes sociales y periodistas que se han visto forzados a salir de Guatemala para resguardar su libertad e integridad. Hasta diciembre de 2023, más de 50 operadores de justicia y 26 periodistas se encontraban en el exilio.

La cooptación del Ministerio Público (MP) y del sistema de justicia -que se consolidó con la reelección de María Consuelo Porras Argueta como Fiscal General- es el elemento clave en la cacería judicial en contra de quienes encabezaron la desarticulación de estructuras criminales desde las fiscalías y los juzgados nacionales en coordinación con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Ahora mismo, el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo se encuentra detenido por segunda ocasión luego de que el juez Jimmi Bremer lo ligara a proceso por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de justicia y lo enviara a la cárcel Mariscal Zavala junto a su colega Anahí Pineda, señalada por los mismos ilícitos. Para variar el caso fue declarado “bajo reserva”, una práctica que se ha convertido en el modus operandi del MP y sus jueces “predilectos”, cuyo único fin es mantener la opacidad de los procesos y evitar que queden al descubierto las debilidades cuando no los inventos de la Fiscalía.

Aunque nunca debió ser procesada ni condenada, la liberación de Virginia Laparra es un paso hacia la restitución de la justicia. A ella un profundo reconocimiento por su dignidad y valentía. Seguimos exigiendo la liberación de Jose Rubén Zamora, de los presos políticos, el cese de la criminalización y la renuncia de Consuelo Porras como fiscal general.