Francis Fukuyama fue demoledor al afirmar que Guatemala es un país podrido, y aunque para algunos podría referirse a la actual encrucijada del presidente Jimmy Morales, confrontado con quienes lideran la lucha contra la corrupción, dicha afirmación al ser analizada resulta mucho más englobadora.

Lo primero que debe afirmarse es que si en nuestro país predominara un mínimo de honestidad en la administración pública, no tendríamos a dos exgobernantes ni un vergonzoso número de funcionarios públicos tras las rejas, ni mucho menos sucedería que otro presidente, en tan corto tiempo, esté a las puertas de enfrentar otro proceso de investigación por recibir fondos no esclarecidos durante su campaña electoral.

Se tiene la convicción de que con cada gobierno la situación ha degenerado y que incluso los vividores de la política han tenido la habilidad de disfrazar sus intenciones y utilizar rostros ajenos a la política para lograr sus aviesos propósitos, con tan mal tino que la fortuna les sonrió demasiado pronto y ahora ese oportunismo tiene al país en medio de una nueva tormenta.

Ayer, uno de los congresos más cuestionados formó la comisión pesquisidora, que podría calificarse como favorable al presidente, porque la integran dos miembros de la UNE, dos de otras bancadas igualmente inclinadas al manejo oscuro de la cosa pública y un quinto que podría quitar una decisión unánime.

El mayor reto para esta pesquisidora es actuar con absoluta independencia y evaluar con mucha imparcialidad lo solicitado por el Ministerio Público y la Cicig. Nada más. No debe tomar decisión sobre la responsabilidad o inocencia del mandatario, pues eso está en manos de los órganos jurisdiccionales respectivos y a ellos solo les corresponde valorar los argumentos.

Al mismo Congreso, llegada la hora, tampoco le corresponde juzgar al mandatario, pues lo que se busca es que el sindicado esclarezca los más de seis millones de quetzales que recibió como aportes a su campaña electoral. El mandatario lo debe aclarar ante la justicia y, sobre todo, ante los guatemaltecos.

Existe la percepción de que al quedar esa decisión en manos de un grupo de personas mayoritariamente señaladas, la balanza se inclina a favor del mandatario, lo cual podría beneficiarlo en el corto plazo, pero eso solo acrecentará la certeza de lo afirmado por Fukuyama, de que un flagelo tan destructivo como la corrupción ha hecho metástasis y quizá se necesite una cirugía mayor para buscarle remedio a la situación.

Es lamentable que debates de tanta trascendencia como la posibilidad de investigar o no a un presidente sigan predominando en nuestra agenda cotidiana, pero lo sería mucho más que cualquier respaldo al mandatario en el parlamento sea efecto de dinero a cambio de votos, o de defensa de gente cuestionada, lo cual perjudicaría la lucha contra la corrupción. Pero también hay otros deplorables estímulos que podrían contribuir con la estrategia gubernamental, como lo evidencia el nuevo presupuesto, el cual solo para el Ministerio de Comunicaciones pasa de cuatro mil millones de quetzales en el actual ejercicio fiscal a más de siete mil millones de quetzales para el 2018.