El juicio contra Jose Rubén Zamora y contra la exfiscal de la Feci Samari Gómez fue una victoria pírrica para el Ministerio Público (MP). Los absolvieron de todas las acusaciones que hizo el MP porque el tribunal consideró que este no logró probar los hechos de los cuales los acusaba. El único delito por el que se condenó a Zamora fue uno por el cual el MP no tenía que probar su acusación —lo que siempre he sostenido que es inconstitucional; es decir, no es que lo haya ganado, realmente no lo perdió porque no tuvo oportunidad de hacerlo, porque de haberla tenido, seguramente también lo habría perdido.

A Samari Gómez se le acusaba de trasladar información confidencial de la fiscalía. A lo mejor lo hizo, a lo mejor no, pero para condenarla el MP debía probar que ella cometió el delito del que se le acusa. A criterio del Tribunal, el MP no lo probó y fue absuelta. El MP perdió este caso.

Luego se acusó a Zamora de chantaje y tráfico de influencias. Aquí también el MP debía probar que el acusado hubiese cometido esos delitos. Tenían todas las de ganar, tomando en cuenta que el principal testigo estaba trabajando con ellos desde el momento en que denunció a Zamora y le tendió una trampa para hacerlo caer. Y aún así, el Tribunal llegó a la conclusión de que el MP no logró comprobar que Zamora hubiese cometido estos delitos, por lo que lo absolvió. Zamora probablemente cometió el chantaje y el tráfico de influencias, pero el MP, nuevamente, no logró probarlo.

Lo que nos lleva al delito de lavado de dinero. Al igual que con la Ley de Extinción de Dominio y algunos otros “crímenes” de reciente creación, yo siempre he sostenido que la definición de estos delitos es inconstitucional porque violan el debido proceso, el derecho de defensa y, por sobre todo, la presunción de inocencia.

A alguna mente retorcida, en el contexto de la guerra perdida contra las drogas, se le ocurrió que la mejor forma de perseguir a los narcotraficantes era quitándoles sus bienes, y que la forma más fácil de hacerlo era “invertir la carga de la prueba” contra ellos, de tal suerte que las autoridades no tuvieran que probar que las personas habían cometido un delito, sino que los acusados tenían que probar que no lo habían cometido. A partir de esa violación a los más elementales derechos se inventaron delitos, crímenes y “procesos” por medio de los cuales podían quitarles los bienes a los supuestos criminales, sin tener que probar nada. De allí surgió el “delito” de lavado de dinero, la “extinción de dominio” y algunos otros similares, los que el gobierno gringo se aseguró de que se implementaran en todas partes, supuestamente porque así se iba a ganar esa “guerra”.

Pues bien, regresando al caso Zamora. El único delito por el que se le condenó es “lavado de dinero”. El MP no tenía que “probar” que se cometió un delito, sino, según la “nueva doctrina”, el acusado tiene que demostrar el origen “lícito” del dinero. El mismo Zamora indicó, luego de la sentencia, que “no demostró la fuente del dinero para proteger a varias personas que podrían ser perseguidas por el Gobierno”. Ello implicaría que, aunque dice ser inocente, él mismo se abstuvo de comprobarlo bajo una especie de “protección de fuentes”. En pocas palabras, Zamora no quiso decir de dónde venía el dinero y, por tanto, según la “nueva doctrina” cometió el delito de “lavado de dinero”. Ese dinero puede haber sido un regalo, el producto de una venta o el producto de una extorsión. Nunca lo sabremos porque Zamora no quiso decirlo. Al estilo del Padre Orantes, prefirió ir a la cárcel que aclarar el origen de los fondos.

Fue condenado, no porque el MP probara el origen ilícito de los fondos, sino porque Zamora voluntariamente no quiso decirlo. No fue que el MP “ganara” el caso, sino que Zamora no quiso ganarlo. ¿Por qué? Sus razones tendrá para preferir ir a la cárcel que decir de dónde salió el dinero. Puede que sea porque los obtuvo por extorsión, como argumenta el MP, pero este no lo probó.