Víctima de una trama espuria
El exfiscal Stuardo Campo es un prisionero de conciencia, encarcelado por luchar contra la corrupción.
El exfiscal Stuardo Campo es un preso de conciencia que ha pasado más de 450 días en prisión preventiva, sin que dé comienzo el juicio de uno de los casos que el Ministerio Público (MP) fabricó en su contra. El 15 de enero pasado era la fecha señalada para que iniciara el enjuiciamiento penal, pero la abogada de la parte querellante se ausentó debido a que, supuestamente, tuvo problemas con su vehículo. No era la primera vez que sucedían hechos de ese tipo que le han permitido a la Fiscalía General prolongar el encarcelamiento de uno de los fiscales que libró una férrea batalla contra el crimen organizado. En realidad, es una burda estrategia para prolongar su encierro. ¿Por qué el ensañamiento? La respuesta es clara: como fiscal, Campo dirigió una investigación contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito y escarbó hechos de corrupción durante el gobierno de Giammattei. Eso significó ser visto como enemigo y objeto de una feroz persecución.
El MP impulsa la burda maniobra de evitar el inicio del juicio contra Campo para prolongar su encierro.
La llegada de Consuelo Porras al MP supuso el inicio de trabas a la investigación de casos de corrupción durante el gobierno de Jimmy Morales. Esa situación empeoró a partir de que Giammattei tomara el poder en enero del 2020 porque ella se puso a su servicio. Cuando fungió como jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Campo tenía en proceso más de 10 investigaciones contra funcionarios de Giammattei. Para evitar que siguiera hurgando en la corrupción de ese gobierno, Porras trasladó a Campo a la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Pero como dice el dicho, el que es perico en donde quiera es verde, en esa fiscalía Campo investigó y logró desarticular la banda Alfa Siete, dedicada al tráfico de personas. En una serie de allanamientos en varios departamentos capturó a 19 presuntos delincuentes, cuatro de los cuales eran solicitados en extradición por Estados Unidos. Según la Intendencia de Verificación Especial, adscrita a la Superintendencia de Bancos, esa banda había logrado acumular Q14 millones 640 mil 739, producto de pagos que le hacían las personas que eran trasladadas a territorio norteamericano.
Los logros de Campo no significaron nada para Porras, quien ya lo tenía en la mira. El 26 de mayo del 2023, el exfiscal fue capturado, pero un juez lo dejó en libertad condicional y fue obligado a utilizar un control telemático en el tobillo. El 1 de diciembre del 2023 fue capturado de nuevo y, pese a tener el control telemático, fue encarcelado. A Porras le sirvió el caso Alfa Siete para ir contra el exfiscal, bajo el argumento espurio de que había privado de la libertad de manera ilegal a una persona de la tercera edad. Un caso sin mayor sustento, pero que servía a sus intereses. Nunca antes en su historia, la Fiscalía General se había dedicado a perseguir a sus propios fiscales, hasta que Porras la convirtió en una estructura de protección de quienes han saqueado los recursos del Estado.
Campo no goza de los privilegios de exfuncionarios implicados en casos de corrupción, como Roxana Baldetti o Alejandro Sinibaldi, que han sido conducidos a la Torre de Tribunales con un cabestrillo y una mano libre. Es el estatus del sistema. No, el exfiscal siempre es llevado con las manos engrilletadas hacia atrás. La justicia tampoco ha sido benévola con quien ha luchado contra las mafias. La Cámara de Amparo y Antejuicio, de la Corte Suprema de Justicia, le denegó un amparo que le hubiera permitido la cárcel domiciliaria, incluso utilizando el dispositivo telemático de tobillo por el cual pagó. El exfiscal ha experimentado en carne propia cómo el aparato de justicia está plegado al pacto de corruptos y cuyo objetivo es infligir el mayor daño a quien considera su enemigo. Campo es un prisionero de conciencia que merece la libertad, porque su delito ha sido luchar contra el crimen organizado.
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