El mismo día del ataque a las Torres Gemelas, en Nueva York, en Lima, Perú, se firmaba el 11 de septiembre de 2001 la Carta Democrática Interamericana, documento esencial para quienes vivimos en este hemisferio e instrumento internacional por excelencia para la defensa de la democracia.

“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”, señala el primero de sus artículos, y “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho de los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos”, empieza diciendo el artículo dos.

Por medio del Derecho Internacional los países se obligan entre sí y también frente a organizaciones específicas. La Carta Democrática Interamericana constituye una obligación para el Estado de Guatemala y para aquellos comprometidos por ella, que de forma voluntaria la redactaron y aprobaron.

En nuestro país, el Ministerio Público denunció por medio de un video difundido de forma institucional la existencia de injerencia indebida de la OEA en nuestro proceso electoral al recibir al Secretario General de la Organización en la sede de Gerona, pasando por alto que fue invitado por nuestro gobierno. Al parecer, los fiscales desconocen “que en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente” (artículo 20).

Guatemala celebró un proceso electoral lleno de tachas y objeciones, pero todas confirmadas por el sistema de justicia y la CC, las cuales sin duda serán abordadas para un análisis histórico jurídico crítico, pero existe un consenso generalizado en cuanto al triunfo en la elección de la opción política oficializada por la autoridad electoral y, además, los ciudadanos podemos tener acceso a las imágenes de las actas de las juntas receptoras de votos para garantizar una auditoría exhaustiva de quienes tengan interés.

Como la democracia es una obligación de todos, “las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebrarán un convenio que determine el alcance y la cobertura de la misión de observación electoral de que se trata…”, señala la Carta (Art. 24).

No se requiere ser sociólogo para concluir cómo los guatemaltecos vivimos sin mayor vinculación hacia el derecho. Esto es evidente y basta ver un poco nuestro tránsito para percatarnos de ello, pero de eso a presenciar cómo el propio MP difunde el mismo discurso del gobierno nicaragüense relacionado a considerar injerencia lo suscrito como obligación por el propio Estado resulta grosero y a espaldas de cualquier noción elemental de derecho.

El derecho internacional existe para garantizar la paz, así como el efectivo respeto a nuestros derechos, y si bien podemos tener miles de debates en torno a él, la obligatoriedad de lo asumido no debe y menos puede discutirse.

La democracia no es de izquierda o de derecha, es de quienes defienden la libertad, porque ella solo existe dentro del pluralismo político, aunque de seguro hay quienes aún sueñan cuartelazos, encunetados, gobiernos de facto, limitación de garantías, represiones y sangre, lo cual no podemos ya permitir porque esa gente es la enemiga de la construcción de la paz, lo grave es cómo encuentran aleros en la propia institución llamada a cumplir la ley.