Los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) serán prioridad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), publicaron los diferentes medios de comunicación la semana pasada, luego de una reunión del TSE con fiscales y secretarios generales de los partidos políticos.

Con esta primera reunión entre diferentes partidos políticos, empezará a coordinarse la agenda de la futura Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), cuyo objetivo es impulsar reformas para ir mejorando la Lepp después de cada evento electoral. Entre los temas pendientes que se deberán analizar están: los conceptos de campaña política anticipada, proselitismo, personas vinculadas y relacionadas y las fases del proceso electoral, la creación de la franja electoral y el ajuste a la regulación de la campaña en medios de comunicación, así como normativas relacionadas con el régimen sancionatorio y la regulación del transfuguismo, que pueden ser corregidas mediante normas que garanticen la representatividad de los diputados.

Así mismo, va a ser importante tener una propuesta integral que ayude a garantizar una correcta modificación del sistema de elección de diputados con el objeto de acercarlos a sus electores, el aumento del período de funciones y la creación de una elección escalonada del Pleno de Magistrados del TSE, con el fin de garantizar su independencia como jueces del proceso electoral, la corrección de las normas vigentes que están mal diseñadas o que han demostrado ser inaplicables, la democratización del sistema político (los altos costos asociados con la creación y funcionamiento de los partidos políticos deben disminuirse, reduciendo las barreras de entrada y permitiendo la creación de nuevos partidos con mayor legitimidad que puedan postular candidatos a diputados) y la corrección de la asignación estática de escaños para los distritos electorales, que actualmente desconoce el principio constitucional de proporcionalidad y, por lo tanto, contradice el derecho de igualdad a nivel político.

Un dato que debe preocuparnos como guatemaltecos es que según la última publicación de Latinobarómetro, 66% de la población dice que no importa si el gobierno llega al poder sin democracia, siempre y cuando resuelva los problemas. Esto es el resultado de una Ley Electoral y de Partidos Políticos que genera un marco institucional que no le permita a la población organizarse de mejor forma para elegir a autoridades que sean cada vez más representativas de sus necesidades.

Está claro que hay un sentimiento importante de la población de que las juntas electorales se deben proteger y que son un mecanismo que ha resultado ser efectivo para garantizar un voto confiable. Ese primer acuerdo debería ser una buena base para contar con una propuesta de reforma integral que ayude a que nuestro país tenga instituciones democráticas más representativas y que se fortalezca con ello nuestra capacidad de generar un instrumento que regule la participación democrática.

El gobierno electo deberá acompañar el proceso generando un apoyo para ir logrando los consensos que sean necesarios para que posteriormente el Congreso de la República pueda aprobarla. Recordemos que nuestro sistema democrático, en una economía de mercado, es un requerimiento necesario para poder avanzar hacia mayor desarrollo. El mercado necesita reglas claras y no los antojos de una minoría de poder. Una economía competitiva y un sistema democrático necesita políticos que generen cambios que ayudarán a mejorar la economía y, por ende, las condiciones de la población.