Edmundo Vásquez Martínez fue el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial del proceso democrático. Sus prioridades fueron, junto a los magistrados que lo acompañaron, establecer una nueva Ley del OJ y una nueva dinámica de impartir justicia conforme lineamientos democráticos; asegurar la independencia judicial; adoptar la informática como recurso auxiliar del sistema judicial; instituir un nuevo proceso penal para asegurar la vigencia efectiva de derechos básicos y, por último, fomentar la cultura dentro de un organismo perdido en su rutina.

Integrar aquella Corte no era fácil, por distintos motivos, el sistema judicial fue fiel cómplice con su silencio y encubrimiento doloso a las grandes violaciones a los derechos elementales por parte del Estado al llevar a cabo enormes masacres y haber logrado establecer una violencia selectiva urbana para reprimir cuadros opositores, universitarios y sindicales; era inexistente la independencia judicial y existía una inclinación evidente al servilismo; en general había mínima credibilidad institucional y, por último, la siempre existente resistencia al cambio. La democracia exigía nuevas formas de entender la administración de justicia y debían generarse transformaciones de 180 grados.

En 2023 tenemos una CSJ y unas cortes de Apelaciones con cuatro años de exceso en su mandato y esto motivado a amparo promovido por la propia fiscal general, Consuelo Porras, quien obtuvo la protección solicitada; sin embargo, ni ella y menos la CC han movido un dedo para ejecutar el relevo y este interinato eterno logró sentar en la presidencia del OJ a una persona por cuatro años, lo cual es constitucionalmente prohibido, y al parecer si algunos integrantes de este organismo tocan el tema son vistos con desagrado, en total contravención a su juramento de fidelidad constitucional.

Si la crisis formal es evidente, el Congreso decidió aprobar reformas al régimen de la carrera judicial y pretende brindar a esta CSJ la decisión de ascensos, traslados y todo lo concerniente al tema de carrera de jueces y magistrados, en total contradicción con la mayoría de costosas consultorías, que describen cómo los magistrados deben invertir su tiempo en resolver y no en administrar.

Concentrar aún más el poder dentro del OJ, con un Congreso señalado por sus mismos integrantes con un alto grado de corrupción y, además, frente a la mayor violación constitucional en 37 años, al no renovar las cortes, es un desatino y un incentivo perverso para seguir perdiendo, como en los demás países centroamericanos, alguna posibilidad de control del poder.

Luis Alberto Chacón Alvarado, Wicho Veneno, uno de los “narcos más buscados”, gozaba de medida sustitutiva y fue raptado de su propia casa para ser asesinado, al parecer con cierta aquiescencia de algunas autoridades; Virginia Laparra fue condenada por presentar una denuncia administrativa contra alguien que ahora resulta poderoso; Claudia González es acusada de un delito que jamás pudo cometer porque no ha sido funcionaria pública y a ambas con conocido arraigo se les niega su libertad mientras dura su proceso, y un juez ordenó la cancelación del partido ganador de las elecciones fuera de su elemental competencia, todo esto en total impunidad judicial, por mencionar solo cuatro casos.

En un contexto donde el sistema judicial toca fondo, es un absurdo que a menos de 4 meses de terminar la legislatura y a dos meses y días de acabar el período ordinario de sus sesiones el Congreso pretenda solo incentivarlos para quedar bien con quienes ahora fungen como jefes, amenazar la libertad de todos nosotros al burlar la misión más elemental del OJ como es el control del poder. Sin duda alguna, las actuales autoridades no quieren pasar a la historia con letras de oro como lo hicieron Edmundo Vásquez Martínez y sus colegas magistrados.