El concepto de constitución, en cualquier parte del mundo, está de forma íntima ligado al de control del poder. Cualquier Estado que tenga constitución, es porque existe una intención de controlar el poder.

Debemos entender como controles de poder los instrumentos jurídicos, políticos y sociales que tenemos para asegurar una función pública conforme las competencias asignadas a cada órgano, en una República como la nuestra, los principales controles residen en la independencia y no subordinación entre los Organismos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, pero también nuestro marco constitucional considera otros órganos como entes controladores del poder, por ejemplo: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público. Algunos autores sitúan al Procurador de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la Nación, también dentro de los órganos contralores de poder, y otros les niegan tal naturaleza, pero esto rebasa el objetivo de estas líneas.

Una constitución frustrada es aquella en la cual se establecen límites de poder y competencias de control, pero en la práctica se rebasan de forma constante los límites y se burlan los controles, lo cual es grave porque el Derecho Moderno busca y desarrolla instrumentos para un ejercicio de poder de forma racional. La razón debe privar en todo acto de autoridad.

Los guatemaltecos estamos frente a claros procesos de frustración constitucional, por ejemplo, cuando llevamos tres años sin que el Congreso elija Cortes y la propia Corte de Constitucionalidad es dolosamente omisiva para hacer ejecutar su propia sentencia; cuando el Jefe de la Contraloría General de Cuentas no será electo en el plazo de ley y el interés político partidista es tan evidente que hasta evaden declarar los propios conflictos de interés de quienes estén interesados en el cargo; cuando el Tribunal Supremo Electoral tiene a millones de patojos sin empadronar porque la desidia les marca su dinámica y además realizan negociaciones de más de 600 millones de Quetzales de manera obscura; cuando el Ministerio Público se ha convertido en el defensor de políticos poderosos y fiscal draconiano de voces opositoras, asumiendo un verdadero papel político partidista; cuando el Congreso de la República con todo desprecio no conoce una ley orgánica para la Procuraduría General de la Nación y esta institución se rige por un Decreto de 1948 siendo inoperante buena parte de su contenido; cuando este gobierno ha marcado récord absoluto en suspensión de garantías, rigiéndose sus decisiones por una ley emanada en la Asamblea Nacional Constituyente de 1965 que dio origen a la Constitución, calificada por Jorge Mario García Laguardia “como la del peor tipo posible” y en la cual buena parte de su articulado es inaplicable.

La Democracia y la República son conceptos vivos. Si la ciudadanía no reclama dichos institutos, los derechos se pierden poco a poco, la historia universal nos recoge miles de casos sobre los cuales el poder corrompe al cuerpo social.

Somos muchos quienes queremos pensar en una sociedad en paz, para lo cual se requiere de hombres y mujeres decididos a gozar de sus derechos, pero sobre todo a exigir su respeto frente a quienes, de forma temporal, ejercen el poder. El respeto al marco constitucional no es una cuestión que solo incumbe a jueces y abogados, por el contrario, afecta a todos porque nadie puede desarrollarse en un país sin libertad.

La libertad de todos depende de la capacidad efectiva de controlar el poder, si el poder no está controlado, es mentira hablar de libertad y este punto, debe unir a izquierdas y derechas, porque salvo que se pretenda ser cómplices de prácticas corruptas y represoras, nadie puede vivir en libertad con una constitución constantemente frustrada.