Catalejo
Una comisión llamada a causar serios problemas
Haber firmado el reglamento a la nueva entidad Codisra, causará más aprietos a Arévalo, otra vez mal asesorado.
Hay algunos aforismos asombrosos por su permanencia en el tiempo. Uno de ellos dice: “el precio de la Democracia es la eterna vigilancia”, y se puede adaptar también al precio de la Libertad, con mayúscula, como concepto abstracto, y a sus derivaciones prácticas y tangibles como lo es la libertad de emisión del pensamiento. Su ejercicio ha costado la vida a muchos seres humanos, pero también el destierro, la cárcel, el acoso, y esto se aplica también a las diversas actividades humanas, no solo humanísticas, como la libertad de realizar actividades económicas, donde la ganancia es factor fundamental. Quien atenta contra una de esas manifestaciones de la libertad, afecta a todas, pero en el caso de la emisión del pensamiento es una adversaria del poder político.
Haber firmado el reglamento a la nueva entidad Codisra, causará más aprietos a Arévalo, otra vez mal asesorado.
Este viernes se celebrará el nacimiento en 1947 de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), como respuesta a una ley cautelosa y ocultamente maquinada en el Congreso de esa época, por ironía dentro del primer gobierno de la revolución de octubre de 1944. Fue de inmediato bautizada como la “ley mordaza”, porque en efecto era “un objeto que se pone en la boca para impedir hablar”. En esos 78 años son muy numerosos los apegistas, otros ciudadanos y sus familias, para quienes fue mortal el ejercicio de ese derecho humano, en primer lugar, y protegido desde 1965 por una la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento (LCEP), aplicable a cualquier persona, sin importar su nacionalidad o si se encuentra dentro o fuera del país.
El monitoreo de publicaciones real o supuestamente discriminatorias contra los grupos indígenas tiene un peligro escondido en la Comisión presidencial contra la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas de Guatemala (Codisra), luego de la firma de Bernardo Arévalo a su reglamento, es decir “las normas que rigen el funcionamiento de cualquier institución pública o privada”. Al afectar en forma sutil una Ley Constitucional, es nula de pleno derecho y así debe decretarse. La certeza de poderse interpretar juicios de valor con otros distintos, todos individuales, encendió las alarmas en la APG, la Cámara de Periodismo y el Círculo Nacional de Prensa. Instan a revocarla al temer un ente estatal para controlar las publicaciones, someter a la prensa independiente. Hay semillas mínimas de árboles enormes, como la ceiba…
La interpretación del equipo jurídico presidencial necesita recordar esta primacía y con ello redactar su informe debería tomar un par de horas, si mucho, para entregarlo. Una definición confiable de ‘reglamento’ está en el Diccionario Panhispánico Jurídico, pág. 1785, Santillana, 2017, como parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana. A mi juicio, la comisión discrimina (o sea selecciona excluyendo) por pensar sólo en un sector étnico poblacional y no en la totalidad, también susceptible de ser discriminada por otras indefendibles causas. El presidente debe defender y hacer que se defienda la Constitución, en este caso el artículo 35: “…este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna.” La nulidad es ipso facto, inmediata.
Por ello fue tiempo perdido las reuniones para preparar esto, aunque hayan sido numerosas, si se incumple la Constitución. Es necesario legislar contra la discriminación, pero la complicación del tema se profundiza si no es aplicable a todos los ciudadanos, como es el caso de la LCEP. Estas consideraciones resultan ser de interés en estos días cercanos a la celebración de la victoria contra la ley mordaza. Esa contraproducente comisión presidencial, de aprobarse el reglamento, será segura fuente de nuevas y justificadas críticas dentro y fuera de Guatemala, estas últimas más serias porque colocarían al mandatario guatemalteco actual en el nefasto grupo de enemigos, claros o tácitos, de una libertad vilipendiada por quienes son o van en camino del totalitarismo.
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