Políticas Públicas
Una agenda legislativa para el desarrollo
Existe una hoja de ruta que debería ser tomada en cuenta, independientemente de ideologías.
Los acontecimientos recientes que culminaron en la aprobación por el Congreso de una multimillonaria ampliación del Presupuesto del Estado para 2024 demuestran que no solo es posible alcanzar mayorías parlamentarias —incluso en un legislativo profundamente fragmentado—, sino también que es necesario que el Ejecutivo se involucre en lograr los acuerdos parlamentarios imprescindibles para viabilizar tanto la agenda de gobierno como la gobernabilidad misma del país. En ese contexto, se presenta la ocasión para que en ambos organismos del Estado se impulse una agenda legislativa con visión de largo plazo, que trascienda los modestos alcances del tipo de leyes que se han venido aprobando en las últimas legislaturas: insustanciales y cosméticas —en el mejor de los casos— o peligrosamente populistas e irresponsables —en muchos otros— en cuanto al manejo sostenible de los recursos del erario.
¿Por dónde empezar a diseñar una agenda legislativa para el desarrollo del país? El último reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía nacional, publicado hace pocos días, da luces sobre cómo avanzar en una serie de reformas procrecimiento que incluye la aprobación de una legislación sólida en varias áreas, entre las que sobresalen, además de la Ley de Competencia, varias regulaciones que propicien la inversión, tanto estatal como privada: una ley de infraestructura vial, una de regulación de puertos, otra que permita la modernización de los aeropuertos —especialmente La Aurora—, una que viabilice las Alianzas Público-Privadas y otra que modernice las Zonas Francas, aspectos todos esenciales para el crecimiento económico.
Implica reformar las prácticas internas y las estructuras del proceso legislativo.
Asimismo, el FMI recomienda mejorar la seguridad jurídica, en línea con los mejores estándares internacionales, lo que implica cambiar las prácticas internas y las estructuras del proceso legislativo —reformando la Ley Orgánica del Congreso—, así como mejorar la competitividad mediante regulaciones y políticas a favor del mercado laboral formal. El FMI también sugiere mejorar la eficiencia y la transparentar del gobierno, lo que implica reformar el Servicio Civil, así como los procesos de compras y contrataciones. Asimismo, recomienda fortalecer la gobernanza mediante un plan nacional anticorrupción y una estrategia para combatir la impunidad, aspectos que deberían incluir reformas profundas al sistema de control del gasto público —incluyendo la hasta hoy anodina Contraloría de Cuentas—.
Además de las recomendaciones del FMI, el Congreso debería incorporar en su agenda económica la creación de vehículos financieros que blinden los ingentes recursos financieros que, inevitablemente luego de la ampliación presupuestaria recientemente aprobada, quedarán como “ahorros” en la caja de gobierno al final del año, los cuales podrían tomar la forma de fondos específicos —manejados de forma eficiente y con absoluta transparencia— destinados a combatir la desnutrición, expandir la infraestructura vial o modernizar el sistema aeroportuario.
El diseño y aprobación de una agenda como esta puede parecer una tarea técnicamente compleja y políticamente espinosa. Pero hay por dónde empezar: existen diversas propuestas al respecto que están durmiendo el sueño de los justos en las comisiones legislativas, o que están esperando su oportunidad en los programas de distintos tanques de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil. Queda en manos del estamento político demostrar que es posible alcanzar acuerdos sobre temas estratégicos y no solo sobre asuntos coyunturales que conllevan el reparto de los escasos fondos públicos.
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