Nuestros países destacan por la abundancia de investigaciones y denuncias por el incremento incesante de la corrupción y la violencia criminal y, aunque no han dado los resultados deseables, tampoco se pueden desconocer ciertos avances de gran impacto en la manera como se reordenan las fuerzas democráticas en algunos de ellos, con el potencial de revertir los orígenes de esas situaciones que tienen el poder de acabar con las democracias. Sin embargo, siempre hay excepciones dolorosas, como los ejemplos de dos países cuya situación geográfica y su historia de corrupción los han convertido en el pasadizo de la droga y en donde se concentra la incesante ruta migratoria. Estos son Honduras y Guatemala, dos naciones cuyos indicadores marcan las peores condiciones de vida para sus habitantes y en donde sus gobernantes lideran los índices de violaciones de derechos humanos y crímenes de Estado.

¿Cómo se ha producido la descomposición —que hoy parece irreversible— en estas naciones? ¿Es que acaso no existen mecanismos de control capaces de sostener un mínimo de institucionalidad y justicia con el poder de reconstruir un remedo de Estado? Para comenzar a desentrañar los tejidos de la red que hoy atrapa a sus instituciones, es importante revisar la historia y desempolvar las evidencias sobre la inmensa influencia de intereses corporativos, cuyo poder sobre gobiernos mucho más poderosos ha puesto un “hasta aquí” a sus intentos de democratización.

Sin embargo, estos no son los únicos países que encajan los golpes contra sus pretensiones de independencia política y económica. Durante las recientes elecciones en otras naciones del continente se ha podido apreciar el miedo de las clases medias al relevo en el control de sus políticas internas y sus relaciones con el gran capital internacional. Esto demuestra que la guerra solapada y sostenida durante décadas en contra de procesos democráticos, cuyo objetivo ha sido la independencia y la sostenibilidad económica de los países en desarrollo, ha causado un daño moral de tales dimensiones, que sus patrocinadores ni siquiera se toman la molestia de insistir con campañas tipo guerra fría para insertar en el cerebro de millones de seres humanos los prejuicios contra lo que huela a justicia social. Pareciera estar instalado el miedo al cambio y los esfuerzos por erradicarlo apenas tocan, si mucho, a la mitad de quienes deciden el curso de la política por medio de su voto, en donde el mérito sobre esa paridad positiva se lo lleva, en su mayoría, la juventud.

A este respecto, el de las generaciones ansiosas de nuevos aires, es importante recalcar cómo las estrategias dirigidas a mantener el estatus han ido chocando, una y otra vez, contra la necesidad de redirigir la marcha hacia formas de gobierno más sensibles a las necesidades de ese inmenso sector de nuevos ciudadanos. Aunque esto solo falla en aquellos países cuyos Estados son cautivos del crimen organizado, como los antes citados, la inevitable marcha hacia cambios favorables con la restauración de procesos democráticos parece ser inevitable. Nuestro continente ha experimentado la fuerza de los golpes en contra de sus intentos de independencia y, debido a ello, sufre de un mal endémico encarnado en una actitud recelosa hacia nuevas reglas de juego político. Sin embargo, los acontecimientos de los años recientes con el avance de la fuerza popular en la mayoría de países revela que la medicina contra el conformismo y la apatía tiene resultados comprobables y, gracias a sus efectos, se abre la perspectiva de nuevos aires para los tiempos por venir.