Estado, empresa y sociedad

Un gobierno efectivo, eficaz y eficiente

Los presupuestos no tienen que aumentar sin ton ni son, sino que deben guardar congruencia con los ingresos tributarios.

El pasado 2 de septiembre, el presidente de la República remitió al Congreso el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2025, que suma Q148,526.1 millones. Este presupuesto equivale al 15.8% del producto interno bruto (PIB), que en 2025 se situará en Q937,078.4 millones; es decir, el porcentaje más bajo en América y Europa; y casi del mundo.


Para darnos una idea de lo reducido que es el presupuesto guatemalteco, vale mencionar que el gasto público en Francia es de 55%; Italia, 50%; España, 48%; Alemania, 45%; y Estados Unidos, 38%. Argentina, 40%; Brasil, 37%; Colombia, 28%; Chile y México, 25%. Costa Rica, 30%; Honduras, 27%; El Salvador, 25%; Nicaragua, 22%; y Panamá, 20%.


Al mismo tiempo que las economías crecen, también el gasto e inversión pública aumenta y mantiene similar relación respecto del PIB, con el consiguiente incremento en el monto nominal del presupuesto. Esto es aquí y en cualquier parte del mundo. No es de extrañar que el presupuesto de cada año sea el más alto de la historia, porque con el incremento de la economía y la población aumenta, no solo la recaudación, sino la demanda de bienes y servicios públicos.


Claro, los presupuestos no tienen que aumentar sin ton ni son, sino que el Presupuesto del Estado debe guardar congruencia con los ingresos tributarios (que aumentan simultáneamente con la economía) y con un endeudamiento público mesurado, para mantener un déficit limitado; pero, sobre todo, con la efectiva, eficaz y eficiente atención de las necesidades de la población.

Resulta absolutamente intolerable que los escasos fondos disponibles sean despilfarrados o malgastados y mucho menos sustraídos por funcionarios y empleados venales, incompetentes, inexpertos o corruptos.


Eficaz porque el Gobierno debe ejercer exclusivamente las funciones que efectivamente le corresponden, oportunamente, con calidad y transparencia, sin inmiscuirse en actividades que no le son propias. Y en las que sí le corresponden, lo debe hacer con eficiencia. Es decir, al menor costo posible, porque el aparato estatal gasta los fondos provenientes de los impuestos o del endeudamiento público que, al final, pagamos todos. Resulta absolutamente intolerable que los escasos fondos disponibles sean despilfarrados o malgastados y mucho menos sustraídos por funcionarios y empleados venales, incompetentes, inexpertos o corruptos.


El viernes pasado tuve la oportunidad de acompañar a expertos fiscales, convocados por Asíes, para escuchar la presentación del ministro de Finanzas Públicas. Obviamente, habiendo sido elaborado por los cuadros técnicos del Ministerio, dado el conocimiento y la experiencia del ministro y su equipo (la mayoría proveniente del Icefi), la documentación que acompaña a la solicitud presentada al Congreso es completa y exhaustiva, como lo mandan la Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto y demás normas atinentes.


En el sitio web del Minfin está disponible toda la información hasta el máximo detalle. Se pueden consultar rubros y renglones presupuestarios por dependencias, cuántas plazas permanentes y por contrato hay en cada ministerio, cuánto se les asigna y para qué se solicita hasta el último centavo. Además, en el llamado listado geográfico de obras (Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera) se describen todos los proyectos a realizarse en 2025, en cada uno de los 340 municipios del país, con su respectivo SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública), descripción, unidad de medida, fuente de recursos (internos y externos).


La pregunta no es si el presupuesto fue bien hecho, desde el punto de vista técnico e incluso político, porque refleja las prioridades del actual gobierno, sino si el aparato estatal gubernamental estará a la altura y será capaz de atender las necesidades de la población en salud, educación, infraestructura, seguridad y justicia. Y esto todavía está por verse.

ESCRITO POR:

José Alejandro Arévalo

Profesional, especialista en banca y finanzas. Profesor universitario. Consultor independiente.