Es un hecho que las instituciones estatales de todos los sectores necesitan una mayor coordinación entre ellas para que los procesos sean más ágiles y los resultados sean los esperados, pero poner todos los huevos en una misma canasta nunca ha sido una opción en un país corrupto en el que, además, tanto ha costado que entienda y practique la descentralización. Hablo ahora de una iniciativa de ley que ha obtenido, sigilosamente, un primer dictamen favorable de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales en el Congreso: la número 6054.

¿De qué se trata básicamente esta iniciativa? De darle al cuestionado Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) el control total de la institucionalidad que tiene el mandato de velar por el medio ambiente en Guatemala. Todo el proceso ha estado mal desde el inicio, lo cual despierta más sospechas de las habituales en iniciativas legislativas como esta: no existe ningún respaldo técnico, financiero o jurídico para soportarla y más parece diseñada para favorecer la corrupción. En su parte de antecedentes, la iniciativa dice que “este tipo de mecanismo, permitirá optimizar recursos humanos, financieros y otros relacionados, con la ejecución de actividades sustantivas para el desarrollo; sin embargo, lo más importante, es que permitirá agilizar procesos con mayor capacidad de respuesta para la protección ambiental. La intencionalidad de la presente ley es la de incrementar la capacidad de respuesta bajo una sombrilla institucional”.

Varias personas e instancias expertas del sector medioambiental han expresado sus criterios técnicos ante esta iniciativa, lo cual puede leerse en el artículo de Vida Amor de Paz (https://www.prensalibre.com/opinion/columnasdiarias/en-estado-de-shock-si-se-aprueba-la-iniciativa-6054/). Como ella misma afirma, desde su larga experiencia y vasto conocimiento sobre el tema, es que “de ser aprobada esta iniciativa, quedarían debilitadas el resto de instituciones de competencia ambiental, al darle un total control al MARN”. De hecho, la coordinación, como ya se dijo, es más que necesaria entre el MARN y otras, como el Ministerio de Agricultura, el Insivumeh, el Inab, el Conap, la Conred, entre algunas más, pero imaginemos si a una instancia tan ineficiente y cuestionada se le puede dar la función de rectoría y coordinación interinstitucional.

Para el MARN, los estudios de evaluación de impacto ambiental son claves y, si somos mal pensados, esto puede llegar a ser un negocio muy atractivo para los corruptos que gustan de autorizar “estudios” a dedo, sin suficiente base técnica, para una minera por acá o para una petrolera por allá, entre otras empresas que necesitan de esos favores para continuar actividades que, a todas luces, destruyen el medioambiente en Guatemala. En una narcocleptocracia con tintes de dictadura corporativa e institucional, no vale la pena correr más riesgos de este tamaño. Por otra parte, sabemos que sí es importante que todas las instituciones que tienen competencia ambiental en los departamentos y municipios trabajen de manera coordinada, e incluso sería aún mejor si estuvieran en un solo lugar físico, pero no bajo la sombrilla del MARN que, hasta ahora, ha dado tan pobres resultados.

Guatemala es un país pequeño que podría ser inmenso en su desarrollo, pero algunas de sus escasas maravillas siguen siendo su clima y los pocos paisajes que nos van quedando. Además, estamos en una región donde suceden desastres naturales de todo tipo que, cada vez, y gracias a la destrucción, contaminación y deforestación que hemos permitido, suman una gran vulnerabilidad a extensos territorios.

Esta iniciativa es otro desastre que podría sumarse a los anteriores y no refleja una buena intención. No es para este país, no es para la gente, no es para el futuro; más parece la idea de algún político, de algún familiar o amigo de político, que lo único que entienden es de negocios turbios y pactos de corrupción. De otra manera no puede interpretarse.