El monstruo de mil cabezas se ha reconstituido con vigor renovado; por cada una que se corte le crecen dos nuevas, con cerebros aún más ingeniosos y perversos. Se alimenta del ejercicio del poder. La clausura del caso Plazas Fantasma, debido a que las pruebas contra los implicados se obtuvieron de manera ilegal o no sustentaban la acusación, no causó mayor asombro. La moda en los tribunales es tener un brazo acomodado en elegante cabestrillo, como pudo apreciarse en el triunfal arribo de Alejandro Sinibaldi y fotografías recientes de Otto Pérez y Roxana Baldetti, que casualmente sufrían alguna dolencia en esa misma extremidad al estar frente a las cámaras en sus procesos judiciales. De vuelta a la normalidad; negocios viento en popa en la gestión pública. Se acerca el principio del final de las cabezas principales, fin de período de cuatro años y elecciones, para dar lugar a nuevas que se incorporarán a un cuerpo que parece inmortal e invencible.

A menos de cuatro meses de la convocatoria a elecciones generales que se realizarán el 25 de junio de 2023, la dirección del proceso arrancó con mal pie y el panorama político da muestras de ofrecer más de lo mismo. Según reportaje de PL (23/09/2022), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) marcha a la compra de equipo para las elecciones generales 2023 bajo una nube de aparentes irregularidades. “Se otorgaron ocho días para presentar ofertas”, “las bases establecidas del proceso solicitaban cuantiosos requerimientos técnicos imposibles de cumplir a menos que se conociera con anterioridad”; hubo una sola oferta, de una empresa cuyo representante legal es un exviceministro de Gobernación del actual gobierno. Un dato curioso es que el único oferente y proveedor seleccionado, la empresa Smartmatic, fue originalmente financiada por el gobierno de Venezuela y contaba con un miembro de su junta directiva nombrado por el Estado bolivariano.

El TSE reaccionó con un comunicado que cita varios decretos y reglamentos para explicar que todo lo actuado ha sido con apego a la ley. Las inquietudes no han surgido por lo legal, sino por lo correcto y apropiado. En Guatemala es del dominio común que el monstruo de mil cabezas es el más experto en seguir fielmente los procedimientos que exige la ley; los conoce y obedece con exactitud.

De acuerdo con registros publicados por el TSE, al 13 de septiembre había 28 partidos políticos legamente constituidos e inscritos, habilitados para participar en las elecciones presidenciales y legislativas en 2023, además de al menos 20 comités en trámite. Una encuesta de J. Napolitan y Asociados entrevistó a 1,800 personas en la primera semana de septiembre y muestra que siete de ocho punteros en intención de voto son figuras que ya se postularon como candidatos presidenciales en procesos anteriores. Zury Ríos encabeza la lista, con 16.4%; seguida de Sandra Torres, con 14.9%; Roberto Arzú, 11.2%; Edmond Mulet, 6.5%; Thelma Cabrera, 5.2%; Neto Bran, 4.2%; Manuel Villacorta, 2.1%; e Isaac Farchi, 1%. No es precisamente una renovación del espectro político.

En su discurso, todos los candidatos ofrecerán eliminar la corrupción; es improbable que el eventual ganador lo haga. La normalidad del monstruo se impondrá rápidamente. Las expectativas con el gobierno actual no eran altas al inicio; el ganador llegó menos por entusiasmo y optimismo hacia él y más por rechazo a la alternativa. En las elecciones del próximo año podría pasar algo similar; la alta atomización en primera vuelta dejará a dos candidatos para la segunda y el eventual ganador será el que tenga menos rechazo.