Nery Miguel de León Valdez fue asesinado el 28 de octubre, trabajó como personal de seguridad del Ministerio Público y tenía a su cargo custodiar y proteger a la fiscal Miriam Aída Reguero Sosa, quien fue herida en el mismo ataque. La fiscal Reguero Sosa tiene a su cargo la investigación, persecución y encausamiento de bandas criminales dedicadas al robo de propiedades por medio de inscripciones anómalas en el Registro General de la Propiedad de la capital y de Quetzaltenango.
La familia de don Nery de León sufre de tristeza porque en nuestro país pululan los políticos y los dirigentes gremiales en el Colegio de Abogados con discursos vacíos llenos de ofrecimiento para procurar instrumentos y garantías de protección a la propiedad privada, pero las palabras jamás se traducen en hechos. La modernización de los registros, la tan sonada Reforma Registral iniciada por el gobierno de Ramiro de León Carpio con la instauración de una comisión específica, no ha dado los resultados esperados porque el engranaje político y administrativo de quienes gobiernan no tiene ninguna intención de servir y hacer de la certeza jurídica, para todos, una realidad.

El ataque a dos funcionarios del Ministerio Público encargados de investigar a estas bandas de mafiosos debe unirnos a todos sin importar si en este momento estamos de acuerdo o no con quienes dirigen la institución. Debemos converger en identificar este ataque a un funcionario de la Fiscalía con el mandato de garantizar un derecho humano, como lo es la propiedad privada, como un ataque a todos. Debemos preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos en un contexto donde la fragmentación es diaria. Es absurdo contar con una constitución cuya protección especial a la vida y la libertad sea la constante, mientras de forma impune un montón de estúpidos cobardes caminan por las calles disparándole a quien sea porque conseguir propiedades por medio de instrumentos falsos es cada vez más común e impune. No se requiere ser doctor en criminología para concluir cómo un crimen tan evidente, como lo es registrar a la luz de todo el mundo, escrituras falsas para despojar a los legítimos propietarios de sus inmuebles o ahora de sus empresas porque también hay falsedades grotescas en el Registro Mercantil, solo puede llevarse a cabo con organizaciones bastante complejas, en las cuales, sin duda alguna, existen abogados experimentados en esta clase de situaciones y el apoyo de funcionarios registrales o incluso hasta de jueces como en su momento fui testigo y denuncié a donde correspondía.

Miriam Aída Reguero Sosa merece la solidaridad de todos, pero sobre todo del gremio de abogados, la prensa y sus colegas, así como de quienes, todos los días, proclaman defender la vida y propiedad. A la fiscal general debemos exigirle, a pesar de ser conocida su susceptibilidad por las críticas, resultados inmediatos para proteger a quienes se enfrentan contra estos criminales cuyas víctimas son conseguidas, de forma preferente entre migrantes, viudas, huérfanos o personas muy humildes para granjearse impunidad. Insisto, el pasado 28 de octubre ocurrió un crimen contra todos, los funcionarios de la Fiscalía tenían a su cargo brindarnos tranquilidad en la protección de nuestros bienes. Los asesinos no deben estar en las calles, pero los más cobardes son esos autores intelectuales que tras un escritorio, con su título colgado atrás y en sus recuerdos hallarse haber lucido una toga, deben ser desenmascarados con pruebas contundentes. Por otra parte, también la Fiscalía debe ser cuidadosa y objetiva para proteger a decenas de notarios cuya firma y sello han sido falsificados por estos delincuentes habituales y no son más que otros perjudicados de este desorden registral cuyas nuevas víctimas son don Nery Miguel de León Valdez y Miriam Aída Reguero Sosa.