El Tribunal Supremo Electoral comenzó a señalar casos de ilegalidades de los numerosos aspirantes a ser candidatos a la Presidencia en las elecciones del 2023, en referencia a actividades de propaganda anticipada. A dos de ellos, Edmond Mulet y Roberto Arzú, les envió un documento con el siguiente párrafo: “Su actuar constituye impedimento para negarle su postulación e inscripción”. Para entender el significado se debe recurrir al diccionario y a la lógica lingüística, lo cual no tiene relación con aspectos político-electorales. Un impedimento es una imposibilidad de ejecutar algo. Negar es “prohibir”.

La decisión califica de correctas esas actividades porque es claro su significado en español. Si algo constituye impedimento para negar otra cosa, implica como correctas o legales, en este caso, las acciones señaladas. En otras palabras, no pueden impedir las postulaciones e inscripción. Las palabras tienen un significado ajeno a la intención de quien escribe, y por eso no se puede alegar equivocación. Si en vez de negar se hubiera empleado el vocablo impedir, sería distinto. Tampoco se puede alegar desconocimiento de los términos, sobre todo por el necesario conocimiento lingüístico de los firmantes.

Es posible errar por ignorancia pero también una mala intención: provocar confusión, discusiones, dudas y acciones legales. Pero eso es ajeno a este artículo, cuyo fin es demostrar las consecuencias de emplear mal el lenguaje. Ya en el campo político, el análisis de la idoneidad de todos los aspirantes es fundamental para evitar la permanencia de gente impresentable. Ya llegará el momento de criticar a quienes sean autorizados, una tarea en realidad fácil, porque una abrumadora mayoría de los aspirantes a candidatos son gente sin capacidad, pero sí dispuestos a dividir el voto ciudadano para facilitar el nefasto continuismo.

Tres entidades en riesgo

La Hemeroteca Nacional, la Biblioteca Nacional y el Museo de Historia se encuentran en serio riesgo a causa de decisiones tomadas por sus actuales encargados, puestos que, como es la costumbre del actual gobierno, han sido otorgados a personas sin experiencia en actividades cuya importancia para el país obliga a llevar a gente no solo conocedora sino dispuesta a ejercer su tarea con responsabilidad entusiasta. Son instituciones autónomas y no dejan de serlo por compartir un edificio, y entonces el Viceministerio de Cultura tiene grave responsabilidad en autorizar decisiones muchas veces en apariencia no importantes.

El anterior gobierno aceptó adquirir una máquina digitalizadora, luego de casi 20 años de gestiones, necesaria para el mantenimiento y cuidado de documentos periodísticos, históricos y actuales, situados en la Hemeroteca Nacional desde hace 61 años. Evidentemente es de manejo delicado y debe estar en un lugar donde no pase cualquier persona. Pero desde hace unas semanas fue trasladada al área de ingreso de la Biblioteca Nacional, al aire libre, para alarma de los laborantes e integrantes de la ad honorem Asociación Amigos de la Hemeroteca, la mejor del Istmo. No me sorprende tal tontería.