La noticia es el primer borrador de la historia; sucesos que en el momento parecían insólitos quedan rezagados a un eventual estado de normalidad irreversible. Fait accompli, del francés, significa un hecho consumado; se decanta entre lo irreversible y lo preordenado, quizás efectuado sin seguir el procedimiento normal. Hay tres casos de fait accompli que yacen en el pozo de la confusión y subrayan alguna disfuncionalidad institucional: la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Universidad de San Carlos (Usac) y el Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

El caso de la CSJ ya no es noticia, es historia, almacenada en la memoria de menor presencia. Como se recordará, ya vagamente, la integración de la CSJ tendría que haberse renovado hace más de tres años; de acuerdo con la ley, el nombramiento de los actuales magistrados venció en octubre de 2019. Como resultado de una serie de amparos, la Corte de Constitucionalidad (CC) intervino en diferentes puntos del proceso para elegir la nueva corte, tanto en la comisión de postulación como en el Congreso. Más allá de si la intervención de la CC fue o no acertada, el resultado es que el proceso se descarriló; la actual CSJ es un para mientras que se ha prolongado en tanto que el equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso no ha querido darle prioridad a renovar la corte. Cuando los diputados en el organismo Legislativo se decidan a hacerlo, quizás surjan oportunidades de activismo jurídico sobre proceso, legitimidad y plazo que minarán aún más el funcionamiento del orden legal. La CSJ, como nervio político, está neutralizada. El tiempo, que todo lo cura, ha colocado esta anormalidad en un estado de normalidad.

Puede cuestionarse si procesos electorales, votos de diferentes grupos de interés, sea la mejor manera de identificar y nombrar puestos de liderazgo y excelencia académica. La Usac es un atractivo centro de poder, por la cantidad de recursos que controla, su peso político e influencia. La institucionalidad de la Universidad de San Carlos sufrió fuertes sacudidas, desde la detención de Murphy Paiz al opaco proceso que culminó en mayo con la elección del rector Walter Mazariegos. En abril, el Consejo Superior Universitario anuló siete cuerpos electorales ganados por planillas de otros candidatos; la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo ordenó que, en un plazo de cinco días, se realizara la elección con 27 cuerpos electorales y no con 35, como rige la legislación universitaria. Ya pasó, nada que hacer; otro proceso confuso en el que intervienen los tribunales de manera decisiva a la determinación de resultados.

“El deporte” es un gran centro de poder y control de recursos donde las posiciones de liderazgo se alcanzan por procesos “democráticos”. En la práctica, significa que grupos de interés se organizarán para capturar el control de los recursos. La confusión de los hechos y procesos legales en torno a los estatutos y la elección del comité ejecutivo del COG en nada se relaciona con el deporte; es un tema de poder y control de copioso caudal. No queda claro si las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la CC, entre las que parece haber conflicto, obedecen a la correcta interpretación de la ley o brindan peso decisivo a un fait accompli.

Puede ser que, en los casos descritos, el sistema de justicia en Guatemala sea tan estricto y apegado a derecho que se rige por la famosa frase fiat justitia, ruat caelum, que se haga justicia, aunque se derrumbe el cielo. La certeza jurídica bien parece estar derrumbándose; la justicia queda en entredicho.