El Código Municipal vigente data de 2002, promulgado por el Congreso de la República mediante decreto 12, aunque esa ordenamiento existe de muchos años atrás.

En él se establecen las competencias del Concejo, entre cuyas obligaciones están el ordenamiento territorial y control urbanístico de la circunscripción municipal, la creación del cuerpo de policía municipal: al alcalde asigna ejercer su jefatura (artículos 35 y 53); la recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos; limpieza y ornato; la promoción y gestión ambiental de los recursos naturales del municipio; la regulación del transporte de pasajeros y carga, y sus terminales locales (artículo 68).

No es necesario hacer un concienzudo análisis de la realidad para notar que esas competencias son, en la mayoría de los casos, atendidas con precariedad.

Sin embargo, es notoria la ausencia total de ordenamiento del territorio y, en consecuencia, la manera indolente de ejercer el control de la construcción pública y privada. Al no existir un plan de ordenamiento territorial, la aprobación de proyectos viene dada por decisiones discrecionales. Esa sostenida manera de actuar de los funcionarios en la administración pública viene de la mano de la escasa formación profesional de las autoridades y su pobre criterio técnico, combinación que impide atender la opinión de los funcionarios a cargo, cuando se tiene la fortuna de contar con una oficina de Arquitectura y Planificación Urbana, que finalmente poco puede hacer ante la impositiva decisión de la “máxima autoridad”. Actitud que favorece el crecimiento urbano desordenado.

Un ejemplo de lo expuesto es el reciente caso de la propuesta del Ministerio de Cultura y Deportes, que en su plan para la celebración del bicentenario de la independencia patria propuso a la Municipalidad de Quetzaltenango construir el Parque del Bicentenario, que, de acuerdo con su plan, estaría dedicado a los tres ámbitos de acción de esa cartera: Cultura, Recreación y Deporte.

El Concejo, al no contar con un plan de ordenamiento territorial y, por lo tanto, sin tener idea de qué se puede hacer, en dónde, cómo y por qué, de manera ignara ofreció la única área boscosa de la ciudad, contigua al zoológico, provocando, como era de esperarse, el rechazo de la población.

La sociedad quetzalteca, desde varios años atrás, se ha quejado del pobre actuar de las autoridades municipales. En enero del 2021 reclamó la construcción de un paso a desnivel en la 9ª calle y 19 avenida, zona 3, so pretexto de resolver problemas de circulación vehicular. El proyecto fue rechazado ante administraciones anteriores. Las autoridades gustan anunciar esas intervenciones como ejemplo de desarrollo, confundiéndolo con el simple y llano crecimiento, que en términos urbanos no son sinónimos.

Como suele suceder, la autoridad se impuso. El paso a desnivel destruyó áreas verdes, alterará la calidad de vida del vecindario y algunas casas quedarán sin acceso. Los vecinos se quejan de otras falencias, como la falta de agua potable, además de los sobreprecios en la obra pública.

Esos traspiés administrativos son producto de la improvisación, falta de planificación y pobre nivel profesional de la mayoría de municipalidades. Pueden evitarse con un Plan de Ordenamiento Territorial preparado por un grupo multidisciplinario que identifica qué, dónde, cómo y por qué hacer o dejar de hacer obra, tanto pública como privada, contribuyendo al bienestar de la sociedad, garantizando la calidad de vida que los centros históricos ofrecen, que, como en el caso de Quetzaltenango, tiene una larga y rica historia que se pierde en la noche de los tiempos.