La ausencia de vínculo entre una sociedad y sus leyes recibe el nombre de anomia, los guatemaltecos presenciamos, con sorpresa, incredulidad pero sobre todo asombro cómo la institución con la competencia constitucional de “hacer cumplir la ley”, realizó una absurda, insulsa y mediocre conferencia de prensa para brindar una tesis sobre “la nulidad de las elecciones” y tomó como argumento el “incumplimiento” de normas reglamentarias en formularios.

Si todavía existían quienes daban algún grado de confianza al Ministerio Público, luego del viernes pasado, quedarán solo quienes pretendan morir engañados.

El contexto, las explicaciones causales de los supuestos delitos, la argumentación en torno a las nulidades del cómputo de votos, las tachas de índole electoral, el ultraje al Derecho Internacional, las quiméricas conclusiones, pero sobre todo la gala del abuso de poder y la amenaza de acciones represivas e inconstitucionales debe obligarnos a plantearnos el daño a la Administración de Justicia en su conjunto.

La actitud de los funcionarios fiscales solo puede ser comparable con las actuaciones de las Auditorías de Guerra de Ydígoras o Peralta Azurdia, o las monstruosidades llevadas a cabo por la Procuraduría General de la Nación de Arana a Lucas, o quizás a los Tribunales de Fuero Especial de la dictadura riosmontista, en donde “la ley” se utilizaba para burlar los propios Derechos Humanos o básicos conceptos democráticos.

¿Si el sistema de gobierno guatemalteco es democrático, republicano y representativo, cómo puede un fiscal calificar de nula una elección porque un formato de un formulario no reúne, según él, un supuesto requisito reglamentario? Pararse frente a 17 millones de guatemaltecos para insultar el trabajo de más de 25 mil Juntas Receptoras de Votos, sus fiscales y observadores, es decir, de más de 250 mil personas es vergonzoso.

La legitimidad del poder desde Cerezo a Giammattei han sido los votos, los distintos gobiernos con sus aciertos y yerros, han pasado por el poder y ha sido el electorado quien premió o censuró lo hecho y lo traicionado, ahora impresiona como este gobierno y su corte de rastreros se niega a reconocer los resultados electorales para dibujar un retroceso histórico inmenso.

Negarnos a todos, pero sobre todo a los más jóvenes la vida democrática y pretender condenarnos a una reencarnación setentera no solo constituye delito sino un pecado monstruoso en un país donde se niegan oportunidades, educación, trabajo, desarrollo y futuro.

Las cortes tienen una deuda inmensa. El Ministerio Publico tiene una crisis espantosa. Los Colegios Profesionales son mudos cómplices del desastre junto a la mayoría de universidades, pero han sido distintos sectores sociales quienes han sacado el pecho en defensa de los principios constitucionales y legales para garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder y hacer viva una precaria institucionalidad republicana.

Para ejercer función pública es imprescindible jurar fidelidad a la Constitución, así hemos ido viendo como uno a uno, los funcionarios usan su poder para fines repugnantes y cobardes, mientras más ciudadanos comunes y corrientes, pero sobre todo con el ejemplo de los pueblos indígenas, nos enseñan cómo se lleva a cabo la Defensa Constitucional ante la violación al juramento de algunos.

El proceso democrático sí ha producido frutos y si bien a veces parecen inestables, han sido sólidos para evitar el ultraje a la constitución, pero sobre todo han sido válidos para enseñar como la anomia de los fiscales y algunos jueces es una realidad a combatir para no seguir siendo testigos de actos oficiales en los cuales se desprecia el derecho.

Adoptar una narrativa de incertidumbre para generar dudas sobre quiénes deben asumir los cargos el 14 y 15 de enero próximos es una “táctica” de los mismos que por décadas niegan la verdadera república democrática.