Reflexiones sobre el deber ser
Toca la elección de magistrados de Apelaciones
Un juzgador corrupto es devastador para la justicia oficial.
El jueves pasado, los diputados al Congreso eligieron a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que fungirán por los próximos 5 años. Dicha elección dejó un sabor agridulce entre la ciudadanía, porque si bien se renovó, en su mayoría, el pleno de magistrados, las manifestaciones de satisfacción o complacencia de parte de algunos indeseables politiqueros han sembrado preocupación y dudas, que solo se irán confirmando o disipando en la medida de las actuaciones de los togados, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el orden administrativo, que, inequívocamente, trascenderán a la opinión pública.
Ahora toca al Legislativo la elección de los 156 magistrados de la Corte de Apelaciones (CA) y de tribunales de igual categoría, de la nómina de 312 candidatos elaborada por la respectiva comisión de postulación.
Nuestra Constitución establece que solamente puede haber una doble instancia en los procesos judiciales, o sea, una instancia a cargo de los tribunales de primera instancia y la potencial repetición de dicha instancia ante tribunales de segunda instancia, que se habilita a través del recurso de apelación. La Corte de Apelaciones está conformada por Salas, cada una de las cuales se integra por 3 magistrados y sus suplentes.
La justicia ordinaria, por mandato constitucional, se imparte en el marco de dicha doble instancia, aunque en casos específicos, por motivos jurídicos, se habilita la competencia especializada de casación, a cargo de la CSJ. Las Salas de la CA, constituidas en tribunales de amparo y de antejuicio, también conocen en primera instancia en juicios de amparo que establece la ley, así como en determinados procedimientos de antejuicio.
Los congresistas deben saber que una envilecida designación de magistrados supondría un crimen de lesa patria.
En la segunda instancia se resuelven muchas controversias sometidas a la justicia ordinaria y arbitral. De ahí la importancia de que las Salas de la CA estén a cargo de magistrados dignos, independientes, ilustrados e imparciales, a fin de que administren justicia con estricto apego a la Constitución y la ley; y, por supuesto, sin sujetarse a intereses políticos, ilegítimos o inmorales.
De suerte que, aunque la elección de los magistrados de la CSJ tiene una singularidad relevante, la designación de los magistrados de la CA, así como la de los jueces de Primera Instancia y de Paz, también devienen fundamentales para el andamiaje de la justicia oficial. En todo caso, la justicia que estos imparten es la más cercana al ciudadano común y corriente; y, por ende, es determinante de la percepción de la eficacia o ineficacia de la resolución pacífica de los conflictos.
Un juzgador de primera o segunda instancia corrupto, politizado o vinculado a las mafias, que recurre a la prevaricación y al retardo malicioso de la administración de justicia, resulta devastador para el sistema de justicia, porque redunda en que la ciudadanía pierda la confianza en la justicia oficial, recurra a hacerse justicia por propia mano o sea cooptado por los cantos de sirena de los enemigos de la democracia. De ahí, la importancia de que se fortalezcan las instituciones del sector justicia y se afiance la lucha frontal en contra de los mercenarios o mercaderes de la justicia.
En consecuencia, es imperativo que la ciudadanía se mantenga vigilante de las negociaciones que se están dando en el seno del Congreso, en torno a la elección de magistrados de la CA, a fin de que la votación favorezca a juristas capaces, idóneos, independientes y decentes. Además, los congresistas deben saber que una envilecida designación de magistrados supondría un crimen de lesa patria.
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