En El ciudadano moribundo, el historiador y observador político Victor Davis Hanson propone que “El afecto abstracto por aquellos distantes y desconocidos puede comprar exención por el fracaso para resolver problemas en la comunidad inmediata” (The Dying Citizen, 2021). La página sobre Guatemala en el portal del Departamento de Estado es ilustrativa de cómo el gobierno de EE. UU. ve al país. Destaca el travel advisory —aviso o recomendaciones de viaje—, en el que Guatemala califica con nivel 3: “reconsidere viajar” debido a la criminalidad. Aconseja evitar los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, así como la zona 18 y Villa Nueva. No dejar bebidas desatendidas en bares y restaurantes, ni usar el transporte público, taxis blancos o cajeros automáticos públicos; evite nadar en el océano Pacífico y no se resista a un asalto. Guatemala es peligrosa.

En estadísticas de homicidios por cada cien mil habitantes, el portal de Statista muestra que México tiene seis de las 10 ciudades más peligrosas del mundo; el séptimo lugar lo ocupa St. Louis y el decimosexto, Baltimore, ambas ciudades en EE. UU. Guatemala no aparece en la lista de 20 ciudades con más homicidios. El portal de Wikipedia muestra primero una lista de las 50 ciudades con más homicidios. Las primeras ocho son ciudades mexicanas; el noveno lugar lo tiene Nueva Orleans, ciudad de EE. UU., así como Baltimore (17), Detroit (23), Memphis (25) y otras. Guatemala no aparece en la lista de 50. Otra tabla de datos en el mismo portal indica que Guatemala tuvo 43.7 homicidios por mil habitantes, por debajo de 15 ciudades de EE. UU. Nueva Orleans tiene 70.5 y la ciudad de Colima, México, 181.9.

Funcionarios de EE. UU. agitan las manos con indignación por los problemas sociales en Guatemala, sin hacer lo mismo por las decenas o centenas de miles de personas que viven en champas en las calles principales de algunas de sus grandes ciudades, como San Francisco, o los cien mil muertos anuales por sobredosis de fentanilo.

La postura oficial del gobierno de EE. UU. es que deplora las acciones del Ministerio Público, y como se recordará, tiempo atrás incluyó a la fiscal general de Guatemala en la lista de actores corruptos. Midiendo con la misma vara, habría que poner al fiscal general de EE. UU. en la lista: promueve la persecución penal del principal candidato político opositor del oficialismo y allanó su residencia con decenas de agentes federales armados para “retirar documentos” —acción que haría de Curruchiche un simple aprendiz—. Mientras persigue a la oposición política, navega con bandera de baboso sobre los documentos poseídos por Hillary y Biden, o el enriquecimiento ilícito de la primera familia. Quizás las acciones de los fiscales generales en ambos países no sean directamente comparables; tienen el mismo aroma.

El abogado Robert Kennedy Jr. se ha declarado candidato para las elecciones presidenciales de EE. UU. en 2024. Kennedy posee un pedigrí como pocos en el partido demócrata, organización política que ha manifestado que no habrá debates públicos con el candidato oficial, Joe Biden. Es más, si Kennedy se empeña en participar en las elecciones primarias del partido en ciertos estados, cualquier voto para él será contado a favor de Biden, de acuerdo con una regla creada para el efecto. Se parece mucho al tipo de acciones que las autoridades electorales tomaron recientemente contra ciertos candidatos en un país centroamericano fronterizo con México.

“Salvar al mundo es un proyecto mucho más ambicioso, ennoblecedor y gratificante al ego que preservar el vecindario”. (V.D. Hanson).