El mundo ha enfrentado pandemias a todo lo largo de su historia, pero nunca con tal abundancia de información —falsa o real— y en condiciones tan precarias para millones de seres humanos. Los escenarios varían de manera dramática entre países desarrollados y vastas regiones en donde reinan la desigualdad y la más absoluta miseria. Para los países de nuestro continente, la dura prueba podría derivar en una toma de conciencia sobre la urgente necesidad de dar un golpe de timón en las políticas públicas, especialmente en el ámbito de la salud, educación, vivienda y alimentación; en caso contrario, las consecuencias podrían desembocar en una mayor profundización de las condiciones de pobreza y falta de oportunidades para las grandes mayorías, peores aún que las actuales.

Entre los segmentos más sensibles a este desafío sanitario están los grupos históricamente vulnerables: población indígena-campesina; migrantes; cinturones urbanos de asentamientos precarios privados de servicios públicos (agua, manejo de desechos, carencia de atención sanitaria, violencia); comunidades en extrema pobreza; mujeres y un fuerte porcentaje de la niñez en condiciones de desnutrición crónica y/o aguda. La atención prioritaria a estos grupos, sin embargo, depende de decisiones dictadas por sectores de interés económico, ampliamente conocidos por su posición antagónica respecto de las políticas de beneficio social.

Si existe algo positivo en la actual pandemia provocada por el nuevo virus, es la inevitable certeza de que ante ese peligro somos todos igualmente vulnerables y esos rangos intocables de estatus social y económico se difuminan frente a una amenaza que golpea sin excepciones. Los sistemas políticos diseñados en función del empoderamiento de pequeños círculos de poder son, por lo tanto, una de las torres del tablero que recibirán los golpes más contundentes. Esto, porque de no iniciarse una transformación de fondo hacia sistemas más justos, con Estados más fuertes y con mejoras significativas en los servicios públicos, será imposible remontar hacia la recuperación económica, ya duramente golpeada por medidas extremas que tienen al mundo prácticamente paralizado.

En este receso obligado, es de enorme importancia actuar con responsabilidad frente a sí mismos, a la familia y a la comunidad. Tomar en serio y acatar las disposiciones decretadas por las autoridades sanitarias no solo garantiza la seguridad personal, sino trasciende hacia quienes nos rodean. El impacto provocado por la paralización de actividades normales tendrá repercusiones imprevistas en la interacción entre personas y es una oportunidad valiosa para revisar actitudes y reparar relaciones. Entre estas acciones debería ser imperativa una reflexión sobre la necesidad de establecer parámetros más estrictos en la protección integral de la niñez, uno de los grupos más sensibles a cualquier crisis.

En países con profundas desigualdades, como sucede en la mayoría de naciones latinoamericanas, hoy se mostrarán con crudeza todas las debilidades endémicas presentes en los marcos políticos instaurados para beneficio de unos pocos. Por lo tanto, la revisión de estos sistemas no deberá posponerse porque, de hacerlo, se pondrá en riesgo la supervivencia de millones de habitantes. Dadas las circunstancias, las autoridades deben enfocarse en el estudio de políticas públicas adecuadas para enfrentar un escenario cargado de amenazas y transformarlas en vehículos propicios para generar cambios y, por ende, nuevas oportunidades de desarrollo para toda la población.