El presidente Alejandro Giammattei cierra el año con otro abuso, que no solo representa un despilfarro de los recursos del Estado, sino una burla para la población desprotegida frente a la delincuencia. El Diario de Centro América publicó ayer el acuerdo gubernativo 320-2023 que otorga privilegios a los funcionarios del peor gobierno que hemos tenido, en términos de vehículos y personal de seguridad a su servicio. Doce ministros y siete secretarios de Estado van a gozar de una protección especial como una gracia de Giammattei. Más aún, todos los altos funcionarios del Ministerio de Gobernación se llevarán un fuerte dispositivo a sus casas, lo cual significará una merma significativa de agentes policiales y vehículos para atender a la población. ¿Tanto miedo le tienen a los guatemaltecos de a pie después de hacer puesto al país de cabeza? Solo de esa manera se puede entender que los exfuncionarios quieran atrincherarse tras fuertes dispositivos de seguridad.

Mientras el círculo cercano al presidente queda protegido, la ciudadanía afronta los embates de la delincuencia, porque durante el gobierno de Giammattei empeoró la inseguridad. Un informe del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (Cien), dado a conocer en junio pasado, señala que la tasa interanual de muertes violentas en mayo último fue de 16.3 homicidios por cada mil habitantes. A lo anterior se agrega el incremento de asaltos a mano armada, robo de vehículos y extorsiones que se registran en casi todo el país, principalmente en el área metropolitana. Existe una percepción de inseguridad y falta de voluntad política del gobierno para proteger a la ciudadanía. Por ello, es imperativo que el próximo gobierno de Bernardo Arévalo anule el acuerdo gubernativo 320-2023 porque es una muestra de los privilegios y mal uso de los recursos del Estado que ha hecho Giammattei.

Libertad para Laparra y Zamora

Por fin, la Cámara Penal otorgó la libertad a la exfiscal Virginia Laparra, una presa de conciencia, que ha estado tras los barrotes por procesos penales amañados y plagados de irregularidades, los cuales han violado en forma flagrante sus derechos humanos. De acuerdo con Amnistía Internacional, ha sido alarmante que las autoridades guatemaltecas hayan sido incapaces de garantizar las garantías básicas de defensa y debido proceso a Laparra. La exfiscal ha sido víctima del Pacto de corruptos que se ensañó contra ella por su labor en la lucha contra la corrupción. Su delito: haber denunciado a un juez, pero que a partir de tal hecho le armaron un caso espurio como venganza por su anterior labor de apoyo a la Cicig. Ella es una de las ocho operadoras de justicia que han sido ligadas a proceso penales viciados. Esa venganza ha significado también que Laparra esté recluida en una pequeña celda con una ventanilla controlada desde fuera y que solo se le permita recibir la luz del sol una hora al día.

Otro preso de conciencia es José Rubén Zamora Marroquín, víctima del presidente Giammattei, Consuelo Porras y un sistema judicial corrompido. Igual que Laparra, Zamora se encuentra enclaustrado en una pequeña celda y solo recibe la luz del sol una hora al día. Fue condenado a seis años de prisión por el supuesto delito de lavado de dinero, pero en octubre pasado una sala de apelaciones anuló la condena y ordenó que se repitiera el juicio por errores de forma. El presidente del desaparecido diario elPeriódico es otro preso de conciencia que se encuentra encarcelado por las constantes denuncias que publicó en contra de la corrupción del actual gobierno. Zamora Marroquín es víctima del pacto de corruptos y debe ser puesto en libertad.