Estado, empresa y sociedad
Sombras y luces del presupuesto del Estado
Durante el 2025 podremos ser testigos de la verdadera capacidad de ejecución de obras y entrega de servicios públicos por parte del Gobierno.
El lunes 9 recién pasado, se publicó en el Diario de Centro América el decreto 36-2024, que le da vida legal al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2025. Sobre el particular, el miércoles en Emisoras Unidas tuve el gusto de compartir micrófonos con Ricardo Barrientos, director del Icefi. También tuve la invitación de Prensa Libre para pronunciarme sobre el tema, pero no pude atenderla a tiempo. Lo hago ahora, como lo abordé en mis columnas del 2 de octubre y del 27 de noviembre.
Como sabemos, se aprobó no solo el monto total solicitado por el Gobierno (Q148.5 millardos), sino se le aprobaron fondos adicionales, por encima de dicho monto, para rehabilitación de puentes y carreteras (Q3.5 millardos). No haré hincapié en los aspectos que ya han trascendido públicamente, como el creciente endeudamiento público para cubrir el déficit fiscal generado por el aumento del gasto corriente, recurrente, como sueldos y salarios (que deberían financiarse con ingresos tributarios y no con préstamos o bonos).
Tampoco me referiré a la indeterminación de la asignación para cubrir el desfinanciamiento del régimen de clases pasivas del Estado (artículo 130); o las asignaciones directas a los municipios para ejecución por medio de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Q5 millardos); o la extraña y antitécnica forma de modificar el artículo 6 del título II con el presupuesto detallado de egresos (en donde debe ubicarse conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto), al autorizar en el artículo 129 (en el mismo acto y sobre el mismo documento) incrementos y disminuciones de las asignaciones ya contempladas en el artículo 6 precitado.
Con las asignaciones que les han sido aprobadas, no habrá excusa que valga para no dar resultados.
Cabe señalar que el Legislativo otorgó poderes al Ejecutivo que, esperamos, agilicen la ejecución presupuestaria, pero obligará a una más estricta fiscalización por parte de las instituciones competentes, empezando por el propio Congreso. Suponemos que, ante una realidad institucional frustrante, se crea la Mesa Técnica de Atención y Viabilización de Proyectos, para evaluar su viabilidad, ejecución, recepción y liquidación, con lo que se quiere afrontar la enorme carga de obras heredadas e inconclusas.
Es afortunado que el Congreso de la República aprobara dicha ley anual para 2025 y no haya quedado vigente el presupuesto del año anterior, lo que permitirá que los gobernantes de turno cuenten con las asignaciones y techos presupuestarios para dar cumplimiento a sus ofrecimientos de campaña vinculados con los Ejes Estratégicos de la Política General del Gobierno, reflejados en la RED (Resultados Estratégicos de Desarrollo 2024-2028) y alineados con las MED (Metas Estratégicas de Desarrollo 2019-2032), con la PND (Prioridades Nacionales de Desarrollo 2019-2032), con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030) y el K’atun (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2032).
Estos ejes son: (1) función pública legítima y eficaz; (2) desarrollo social; (3) protección, asistencia y seguridad social; (4) lucha contra la desnutrición y malnutrición; (5) infraestructura económica para el bien común; (6) avanzando para cerrar la brecha digital con tecnología e innovación; (7) seguridad democrática en un país para vivir; (8) cuidado de la naturaleza; (9) una ciudadanía sin fronteras; (10) construyendo las bases para un nuevo contrato social.
Durante el 2025 podremos ser testigos de la verdadera capacidad de ejecución de obras y entrega de servicios públicos por parte del Gobierno, porque, con las asignaciones presupuestarias que les han sido aprobadas, no habrá excusa que valga para no dar resultados. O tal vez sí, pero sería solo por falta de fondos, porque la recaudación no vaya como la estimaron.
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