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Sistema de justicia guatemalteco colapsado
Este proceso podría ser una gran oportunidad de emprender una profunda reforma, que modernice nuestro aparato de justicia.
Recién ha iniciado el proceso de selección de candidatos para la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Es importante reconocer sobre el decadente sistema de justicia vigente en el país, ya que este proceso que inicia podría ser una gran oportunidad de emprender una profunda reforma que modernice nuestro aparato judicial y haga realidad el mandato contenido en el Art. 203 de la Constitución Política de la República, que se refiere a la independencia del Organismo Judicial, que además debería ser un ente eficiente y funcional.
¿Dónde queda en Guatemala, el derecho humano a una justicia expedita, pronta, completa, gratuita e imparcial?
Dentro de los aspectos vitales de la pirámide de prioridades del desarrollo nacional, el Estado debería proporcionar seguridad y justicia. Sin embargo, en los últimos veinte años el sistema se ha venido en picada y los cuatro eslabones de la cadena de justicia (PNC, MP, CSJ y SP) no funcionan como debería ser. Mucho se habla de que si no se dan coimas los procesos no se mueven.
Tanto en las fiscalías como en los juzgados de familia, civiles o penales los casos no avanzan, por diversas y extrañas razones, y un proceso puede tardar años en prosperar. Para empezar, los jueces tienen torres de expedientes en sus escritorios y no se dan abasto. Y si se enferma alguien del equipo que integra el juzgado, se paraliza el caso. Además, es un sistema arcaico y hitleriano, donde cada uno de ellos es un rey que pone sus propias reglas. Y al ser inamovibles se convierten en los mayores enemigos de la eficiencia y prontitud.
Lo más irónico del sistema es que los agraviados en un caso deben presentar todo tipo de pruebas para demostrar que fueron afectados por la persona que cometió los delitos, y los sindicados en un proceso pueden muchas veces librarse con artimañas, porque la misma ley los ampara, o en ocasiones el criterio de un fiscal o juez los favorece “extrañamente”. Como dice el refrán: “hecha la ley, hecha la trampa”. Miles de subterfugios legales para enmarañar utilizan ciertos “abogánsters” que abundan en este medio, muchos de ellos con títulos comprados.
Adicional a esto, existe una alta rotación de personal que da lugar a que exista un gran desorden y se pierdan los expedientes, ya que nadie es el responsable, provocando de esta forma atrasos de años. El sistema se ha politizado y son unos pocos quienes manejan los hilos de estas instituciones. Estos “abogados mafiosos”, mal llamados “operadores políticos”, son quienes mueven estas redes de tráfico de influencias y los que negocian con la justicia, teniendo hundido al sistema judicial.
Como es bien sabido, en la elección de magistrados también participan las comisiones de postulación y los diputados, por lo que la ciudadanía debe darles seguimiento a estos procesos, que tradicionalmente han sido manipulados en años anteriores. Según informes de la entidad estadounidense In Sight Crime, redactado por el investigador Steven Dudley, el proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y las salas de Apelaciones está influido por intereses políticos, corporativos y crimen organizado. Las llamadas “cuotas de poder” y la fusión de estructuras del crimen organizado con grupos de políticos hacen que la función del Estado no sea la que determina la legislación.
Ante este sistema en ruinas que tiene secuestrada a la ciudadanía, ¿qué podríamos hacer entonces como sociedad, siempre actuando dentro de los marcos de legalidad? Primeramente, debemos exigir que en la terna propuesta al Congreso sean electos los abogados más prestigiosos y con una limpia trayectoria en su carrera profesional, y no personas cuestionadas que representan a los mismos de siempre.
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