En nuestro país es habitual la compra de la licencia de conducir. Recuerdo cuando mi papá, siendo adolescente, me mandó a hacer los tres exámenes para obtener la mía. Varios compañeros de clase ya tenían el documento sin hacerlos, hice los exámenes, pero me percaté de la farsa de llevarlos a cabo. Mis hijos, los tres, hicieron sus exámenes hace unos pocos años y varios de sus compañeros sacaron su licencia sin hacerlos.

La corrupción en el tema de tránsito es espantosa, está a la vista y nadie mueve un dedo, salvo el significativo caso de don Ernesto Ruiz, hace ya años, quien por enfrentarse a la mafia se ganó una bomba en su propia casa. La indolencia y la corrupción sigue en el 2022 como hace décadas. Hacer los exámenes y cumplir los requisitos también es una farsa. El teórico no tiene nada de dificultad, el de la vista es negocio de algunos oftalmólogos, y el práctico depende de quién lo lleve a cabo. Sacar la licencia es un “trámite”. Lo que sí funciona es la expedición del documento de forma rápida, segura y ágil, pero todo el sustento es, de seguro, una corrupción que deja a muchos millonarios y una indolencia en fluorescente.

El doctor Alejandro Giammattei, nuestro presidente, don David Napoleón Barrientos Girón, ministro de Gobernación, y la abogada María Consuelo Ramírez, secretaria general de la Presidencia, firmaron el Acuerdo Gubernativo 151-2022 por medio del cual, a pesar de que la Ley de Tránsito ordena a todo propietario de vehículo autorizado para circular tener un seguro contra terceros y acompañantes, derogó el acuerdo gubernativo que desarrollaba la obligación legal para transporte de personas y de carga. La ley ordena algo, pero la autoridad, por omisión, no reglamenta y la ley es un adorno.

Todos sabemos cómo se compran las licencias y que la minoría de automovilistas somos los asegurados. Ahora el transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga podrán circular sin seguro. Nuestras autoridades, a pesar de autoproclamarse como defensoras de la vida, no tienen la menor empatía con el altísimo número de heridos y muertos por contar con un tránsito sin control.

Si una persona sufre un accidente de tránsito en ciudad de Guatemala y no hay heridos, pero los daños son menores a 50 mil quetzales y el causante no asume su responsabilidad, se debe promover un juicio oral ante un Juzgado de Paz. Con suerte, en cuatro o cinco años habrá algún resultado. Ahora, si los daños son mayores de dicho monto, debe presentarse una demanda en la vía ordinaria y ese asunto se extenderá, si tiene mucha suerte, a unos siete años como mínimo.

Si en el accidente hay heridos o fallecidos, el tema se ve en un Juzgado de lo Penal, porque de forma absurda se eliminaron los Juzgados de Tránsito y quizás en unos cinco años habrá resultado concreto, si el Ministerio Público tiene un poco de interés.

Los hospitales están llenos de heridos y también los cementerios se llenan de víctimas de accidentes de tránsito y los pilotos hacen lo que se les da la gana porque no existe ninguna responsabilidad frente a eventuales daños. Basta ver cuántos accidentes se registran por la línea de buses Esmeralda para cerciorarnos cómo el control del tránsito es un chiste de muy mal gusto.

Sin duda el presidente y su ministro pueden derogar acuerdos gubernativos, está dentro de sus funciones, pero hacen muy mal al dejarnos a todos como potenciales víctimas de impunidad civil en un país donde la ley no tiene más fuerza que un consejo y, a mi juicio, ellos incurren en responsabilidad frente a eventuales daños conforme la Constitución.