Estado, empresa y sociedad

Sin corrupción habría más desarrollo

Las leyes existen, pero su aplicación es precaria.

No es fácil para un ciudadano guatemalteco que quiera incursionar en política, o aceptar un cargo en el servicio público, por el riesgo de exponer su reputación y prestigio, especialmente si su conducta personal es intachable, valiente e incorruptible.

Mientras este cáncer no sea extirpado, no podrá haber un desarrollo económico y social sano.

Pero si las personas correctas deseosas de contribuir en la construcción de un mejor país se abstienen, dejan los espacios para que los más incapaces, inexpertos, deshonestos o malintencionados vayan ocupando todo el espectro de cargos gubernamentales.

Gracias a la prensa, nos enteramos de la generalizada contaminación de los diversos estamentos del Estado, desde los más bajos niveles hasta los más encumbrados. Y eso no significa que no conozcamos magníficos servidores públicos, éticos, honestos, comprometidos, que trabajan honradamente en beneficio de la población, con una gran mística de servicio.

Es lamentable que paulatinamente se ha venido estableciendo una estructura con un creciente número de personas ubicadas en muchas y variadas instancias del Gobierno, quienes, aun sin siquiera conocerse, comulgan con creencias inmorales y actúan en forma poco ética, participando directa o indirectamente en actos de corrupción. No solo por acción, sino también por su tolerancia y omisión de denuncia.

Claro, para que la denuncia prospere, debería protegerse al denunciante y se necesitaría un entorno de ejemplaridad, integridad y confianza en las autoridades, en los encargados de investigar y perseguir las conductas ilícitas e indebidas, así como un entramado administrativo y judicial que asegurase una justicia pronta y cumplida. Las leyes existen, pero su aplicación es precaria. Y también existe la institucionalidad de control y fiscalización: SAT, IVE, Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, tribunales de justicia, etc.

Y ese entramado oscuro y perverso, cuyos tentáculos se esconden en los más insospechados lugares, está empeñado en proteger las privilegiadas posiciones que ocupa, que le brindan dinero, influencia y poder, lastimosamente en contubernio con algunos malos e inmorales empresarios y contratistas del Estado, que sirven de contraparte para beneficiarse del erario, en evidente detrimento de la población.

En los últimos años se ha profundizado y generalizado, con el agravante de que algunos dirigentes del país, en lugar de servir de modelos de ética y honradez, han resultado ser los peores ejemplos, instigadores o promotores de todo lo contrario.

Hace años leí una novela llamada Los depredadores, de un apreciado personaje de la banca nacional, ya fallecido, que describe parte de la corrupción en los años setenta del siglo pasado. Cuando los gastos confidenciales eran legales, los presidentes repartían dinero a diestra y siniestra, en sobres numerados para encubrir a los destinatarios, que se preparaban en la tesorería del banco central, para comprar voluntades o redondear los sueldos de sus ministros.

O cuando se rumoreó que, para aprobar la Transversal del Norte, una constructora habría erogado Q300 mil por voto; o cuando se conoció, por la confesión de los imputados en Brasil, que los diputados que aprobaron el préstamo para la carretera habrían recibido Q150 mil cada uno. Esto, sin tomar en cuenta los negocios de construcción y mantenimiento de carreteras, hospitales o escuelas, o la adquisición de medicinas, según publicaciones de prensa.

Mientras este cáncer no sea extirpado, no podrá haber un desarrollo económico y social sano, que promueva un mejor nivel de vida para los guatemaltecos. Recordemos lo que atribuyen al presidente Juan José Arévalo Bermejo (q. e. p. d.): “La decencia es el más alto título para ocupar un cargo público”.

ESCRITO POR:

José Alejandro Arévalo

Profesional, especialista en banca y finanzas. Profesor universitario. Consultor independiente.